La información era contundente: decía que “un delincuente fue detenido luego de refugiarse en una facultad de La Plata”. La información, surgida de las llamadas fuentes policiales, abundaba en datos como que había violado repetidamente el régimen de arresto domiciliario y la Justicia bonaerense dispuso ordenar su captura. Como ocurre siempre en que la información proviene de fuentes interesadas, se birló una parte de peso en la balanza comunicacional: el preso, Néstor Fabián Sampietro, hasta ayer mantenía régimen de detención domiciliaria con una tobillera electrónica desde hace aproximadamente cuatro años. El sistema de prisión morigerada le fue aplicado para protegerlo, luego de que estando preso en la Unidad 45 denunciara por torturas a tres penitenciarios con nombre y apellido. La balanza judicial suele tener ese rictus patético de aplicación de normas tardías o fuera de lugar: para proteger a Sampietro lo dejó al cuidado de los denunciados. Durante cuatro años, Sampietro llevó su vida sin problemas, vendiendo libros en un kiosco junto a la Facultad de Derecho y militando en la ONG de derechos humanos Radio La Cantora, mientras avanzaba el proceso contra los tres denunciados no por torturas sino por la liviana e inconsistente figura de vejámenes. Pero en noviembre, apenas el proceso se agravó y los tres denunciados pasaron a ser acusados de tortura ante la Justicia federal, Sampietro empezó a ser hostigado por sus custodios. Así, los del SPB, que no habían verificado nada en los últimos cuatro años, detectaron 55 violaciones en los últimos 90 días, suficientes para convencer al juez y traer de nuevo la gallina a la madriguera.

Entre las 21 y 21.30 del 5 de julio de 2006, tres guardias del SPB maltrataron gravemente a Sampietro en la U45 del SPB. Según el juez Néstor De Aspro, se trató de “vejaciones”, ya que sólo le habían disparado balas de goma por la espalda y uno de ellos, cuando Sampietro estaba indefenso, le aplicó un culatazo en la nuca. Después lo trasladaron al Servicio de Sanidad, donde quedó esposado de pies y manos. En la investigación penal preparatoria IPP 06-00-308846-06, el fiscal Marcelo Romero imputó al alcaide Raúl Alberto Rojas, al subprefecto Martín Ernesto Marcos y al oficial adjutor Diego Demola, la aplicación de torturas, e incluyó en la acusación al médico Carlos Lazzarano. Para todos pidió la detención. En realidad, en las pruebas de la investigación se había comprobado que Sampietro fue golpeado a trompadas, pateado, le dispararon seis veces con una escopeta antitumulto con balas de goma a dos metros, le metieron los dedos en el ano y le escupieron y orinaron encima, mientras le pedían que se hiciera buchón del SPB. De Aspro consideró que torturar era demasiado, ordenó la detención pero por vejámenes y dejó fuera del caso al médico.

Para protección de Sampietro, se le concedió la morigeración de prisión, detención domiciliaria con tobillera electrónica. También se le concedió salida laboral, con lo que desde su casa, en Berisso, tenía la posibilidad de dirigirse a la Facultad de Derecho de la UNLP, donde vendía libros en el kiosco de enfrente. Estudiaba en la facultad de periodismo y colaboraba en ollas populares, lo que en principio no generaba complicaciones con los penitenciarios que lo controlaban. Así fue durante cuatro años.

Hasta que a fines de noviembre del año pasado, el caso, elevado a juicio, llegó al juzgado correccional 4 de La Plata, a cargo de la jueza Claudia Grecco. La acusación pidió ampliar a torturas y la jueza aceptó el pedido, consideró agravada la acusación y se apartó porque excedía su jurisdicción para que el caso sea analizado ante un tribunal oral criminal. Dos días después, Sampietro empezó a ser hostigado por sus custodios, colegas de los tres procesados. Lo llamaban a cualquier hora, lo buscaban en su casa sabiendo que estaba en el trabajo, le fueron armando causas por la supuesta violación de la detención domiciliaria. Cuando reunieron 55, la semana pasada, presentaron la denuncia ante la Justicia. Los jueces del tribunal oral 4 platense, Emir Caputo Tártara, Juan Bruni y Gloria Berzosa, se convencieron rápidamente de los incumplimientos de Sampietro, revocaron la pulsera y lo mandaron preso. Sampietro presentó una revocatoria de la revocatoria y un hábeas corpus, y entró a la facultad donde no lo podían detener. Durmió esa noche y luego se dirigió a lo de su tutor en Berisso, desde donde acudió al tribunal, ya sabiendo que sería detenido. La Comisión por la Memoria pedirá hoy ser tomada como amicus curiae en la causa y recordará a los jueces que una víctima de torturas no puede ser custodiada por sus torturadores, tal como lo exigió el Comité de DD.HH. de la ONU y el relator de personas privadas de libertad, perteneciente a la CIDH, en su última visita.