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Aunque el sector minero no paga retenciones del 35 por ciento como algunos productos agrícolas, ni del 45 por ciento como pagan las petroleras, y aunque en los últimos años el precio internacional de los minerales trepó a picos históricos, la Embajada de los Estados Unidos reaccionó ante el aumento de un impuesto del cinco al diez por ciento alertando sobre el fin de las inversiones en la Argentina.

Según un cable diplomático de octubre del 2007 filtrado por Wikileaks al que tuvo acceso Página/12, la embajada sondeó a distintos empresarios mineros sobre la continuidad de sus inversiones en el país y se hizo eco de sus quejas, a pesar de que las inversiones estadounidenses en la minería argentina son escasas.

La intervención de la embajada tuvo lugar después de que “contactos del sector privado” que no identifica alertaran de que el nuevo impuesto “socavaría las inversiones del sector minero y el clima de inversiones en general en la Argentina”, dice el cable firmado por el entonces embajador Earl Anthony Wayne.

Sin embargo, en los sondeos de la embajada ningún representante del sector se mostró dispuesto a retirarse del país ni a quejarse ante el Gobierno por el gravamen impuesto, quizá porque el margen de ganancia aún era amplio.

El impuesto a las exportaciones mineras que provocó la reacción de la embajada forma parte de una tendencia mundial. Según un artículo de Pablo Maas en Clarín de septiembre pasado, los gobiernos de Chile y Australia lo hicieron.

“Alrededor del mundo, está creciendo lo que los propios mineros llaman el ‘nacionalismo de los recursos’. Se trata de gobiernos, nacionales o locales, que están buscando participar con una mayor porción de la renta minera, que se ha disparado al compás del ascenso meteórico de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre”, dice el economista.

Mientras en Australia el nuevo gobierno impuso un gravamen del 30 por ciento a las “ganancias extraordinarias” de las mineras y en Chile Sebastián Piñera mandó un proyecto para aumentar las regalías a un mínimo de cinco por ciento, en la Argentina, hasta el impuesto que preocupó a la embajada, las mineras sólo pagaban regalías del tres por ciento a las provincias. Más aún, la ley minera de 1993, promulgada por Carlos Menem, les otorgó a los proyectos una deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración e importaciones sin aranceles, entre otros incentivos, sin contar un compromiso de 30 años de estabilidad fiscal, que en la práctica duró catorce.

“Régimen de primer nivel”

El cable reconoce que antes de la instauración del impuesto la situación de las mineras que operan en la Argentina era prácticamente inmejorable.

“Contactos del sector privado e informes de los medios han sido más bien críticos con la manera en que el gobierno de Argentina aplicó el impuesto, argumentando que efectivamente clausura una década y media de inversión minera con un régimen impositivo de primer nivel mundial”, dice el texto.

A pesar del tono alarmista del despacho diplomático, los mismos “contactos” que se quejaron ante la embajada admitieron que el alto precio de los minerales cubría sobradamente el costo del impuesto, dice el cable: “Contactos del sector minero reconocen que la presente fortaleza del precio mundial de los minerales, particularmente del oro y del cobre, es un incentivo fuerte para permanecer en la Argentina”.

Para que no queden dudas, el autor del cable escribió que en los tres años previos a la aplicación del impuesto de 5 al 10 por ciento, el precio de los principales minerales que exporta la Argentina habían subido un 20 por ciento en el caso del oro y un 60 por ciento en el caso del cobre.

El cable también señala que la presión impositiva sobre la minería sigue siendo baja con respecto a otros productos primarios que exporta la Argentina. “El impuesto federal a las exportaciones mineras ha aumentado sustancialmente, de 0 a 5-10 por ciento, pero sigue siendo significativamente más bajo que las retenciones que se aplican a sectores agrícolas (alrededor del 28 por ciento para la soja) y a los hidrocarburos (alrededor del 45 por ciento para el crudo).”

Intereses

Sin embargo, según la embajada, la decisión de Argentina de aplicar el impuesto afectaría los intereses estadounidenses porque empresas norteamericanas son proveedoras de las mineras. “Comparados con otras firmas mineras basadas en el exterior, los intereses mineros de Estados Unidos son pequeños... Estados Unidos tiene intereses más grandes en la venta de equipos a empresas mineras operando en la Argentina, con cerca del 30 por ciento del mercado. El Servicio de Comercio Exterior estadounidense estima que en el 2006 las exportaciones de equipos mineros (a la Argentina) fueron de cerca de 125 millones de dólares. Estas exportaciones podrían verse afectadas si el nuevo impuesto minero resulta en menos inversiones.”

Según cuenta el cable, al sentirse afectada en sus intereses la embajada intentó contactarse con funcionarios argentinos para pedirles “explicaciones” sobre la decisión de aplicar el impuesto. Pero los diplomáticos fracasaron en el intento.

Así es la queja: “La Embajada ha intentado sin éxito una entrevista con el secretario de Minería Jorge Mayoral, con quien disfrutamos de una buena relación de trabajo, para que nos dé una explicación más completa. Otras embajadas cuentan lo mismo. Llamados y pedidos de reuniones por parte de la Embajada –con varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Argentina e incluso gobernadores– han sido mayormente rechazados o no contestados”.

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