Alassane Ouattara, el presidente electo de Costa de Marfil y reconocido por la comunidad internacional, le terminó ganando al jefe de Estado saliente, Laurent Gbagbo, una batalla que comenzó en los años ’90 cuando Gbagbo era un líder político de oposición y Ouattara el primer ministro del difunto presidente Felix Houphouët-Boigny, un personaje tan doble como clave en el proceso de descolonización de Africa. En 1992, acusado de fomentar las manifestaciones estudiantiles de aquel entonces, Laurent Gbagbo pasó seis meses en la cárcel por orden de Ouattara. Ambos se combatieron a lo largo de su vida pero la intervención de Francia y de las Naciones Unidos inclinó la balanza del capítulo final a favor de quien había ganado las elecciones presidenciales de 2010 pero cuya victoria, respaldada por la ONU, fue rechazada por Gbagbo y su clan. Entre la segunda vuelta presidencial –noviembre de 2010– y la caída de Gbagbo transcurrieron más de cuatro meses de enfrentamientos sangrientos que dejaron a un país dislocado, con una guerra civil oficializada y cruelmente dividido entre el sur de mayoría cristiana y el norte de mayoría musulmana.

Al cabo de varias semanas de cruentos enfrentamientos entre los partidarios de Alassane Ouattara y de Gbagbo, el presidente saliente de Costa de Marfil fue arrestado en su casa de Abidján y conducido luego al Hotel Golf, donde se encuentra la sede del presidente electo Alassane Ouattara. La detención de Gbagbo dio lugar a interpretaciones dispares entre quienes acusan a Francia de haber participado plenamente en ella y quienes niegan esa versión. Gbagbo pasó los últimos diez días atrincherado en su residencia de Abidján, donde estaba protegido por unos mil hombres leales perfectamente armados. Cualquiera sea la autenticidad de la versión, la participación francesa fue determinante para resolver esta crisis. París cuenta con 1600 soldados en Abidján, todos miembros del Operativo Licorne. Ayer por la mañana, unos treinta tanques franceses despejaron el camino hacia la residencia de Gbagbo para que las tropas de Ouattara pudiesen penetrar. Francia y las fuerzas de la ONU (Onuci) llevaban varias horas ablandando la resistencia de los combatientes pro Gbagbo mediante bombardeos intensos realizados desde helicópteros contra la defensa antiaérea, los tanques y los cañones del campo de Gbagbo. Sus consejeros y portavoces presentes en París alegaron que la versión de la no intervención directa de Francia no corresponde a la realidad. Toussaint Alan, el representante en Europa de Gbagbo, dijo en París que “el presidente Gbagbo fue arrestado por las fuerzas especiales francesas y entregado a los jefes de la rebelión”. Bernard Oudin, consejero de Gbagbo y residente en la capital francesa, dijo desafiante: “Vamos a ver ahora con qué legitimidad gobierna”. Los altos mandos franceses desmintieron esa versión. Una fuente diplomática francesa citada en su página de Internet por el diario Le Monde afirma que “las fuerzas especiales francesas no ingresaron en ningún momento dentro del perímetro de la residencia” de Gbagbo.

Con todo, el armazón de los hechos deja patente una evidencia que se asemeja mucho a lo que ocurre en Libia: el mandato de la ONU estaba destinado a proteger a los civiles y no a intervenir directamente entre los antagonistas, menos aún a bombardear el palacio presidencial o la residencia de uno de los contrincantes. Pero las últimas crisis muestran perfectamente que los países interpretan las resoluciones de la ONU como les viene en gana. Tanto Ouattara, legítimo vencedor de las elecciones, como Gbagbo, que se negó a reconocer su derrota, son indefendibles. Sus respectivas tropas y los mercenarios que las apoyan cometieron matanzas horribles en ciudades que ya evocan nombres trágicos. El comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció la muerte de 800 personas en Duekué, al oeste de Costa de Marfil. La ONU, a su vez, confirmó el hallazgo de 100 cadáveres más en la misma zona. En ambos casos, los organismos humanitarios apuntan hacia la responsabilidad de los hombres de Ouattara. El portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, reveló que muchas víctimas fueron quemadas vivas mientras que a otras las arrojaron a un pozo. La Corte Penal Internacional (CPI) ya inició una investigación preliminar sobre estos crímenes.

La confrontación entre Gbagbo y Ouattara llegó a su fin pero deja un país cara a cara. Laurent Gbagbo, que está ahora bajo custodia de la ONU, pidió anoche a sus partidarios que depongan las armas. Más tarde Ouattara anunció que será juzgado. La guerra por la sucesión presidencial dejó miles de muertos y, según la ONU, provocó el desplazamiento de más de un millón de personas. Gbagbo habrá hecho de su imposibilidad a aceptar la derrota un campo de sepultura para su pueblo.