La responsabilidad de jueces y fiscales que actuaron durante la última dictadura militar en Córdoba comenzó a ventilarse después de las condenas a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros represores por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1. En la primera audiencia oral y pública, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia escuchó los fundamentos de los abogados defensores de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga. Todos están bajo la lupa de la Justicia por no haber investigado las torturas a las que fueron sometidos treinta presos políticos detenidos en la UP1, asesinados entre abril y octubre de 1976.

En la audiencia de ayer, los abogados defensores solicitaron la prescripción de la causa por considerar que los hechos por los que se acusa a sus clientes prescribieron y “no configuran un tipo penal susceptible de ser calificado como delito de lesa humanidad”. El fiscal general Carlos Gonella rechazó esos argumentos y citó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que regula los delitos de lesa humanidad, como instrumento judicial que aborda la responsabilidad de los funcionarios estatales que “toleren” o “colaboren de cualquier modo” en la ejecución de estos delitos. El pedido fue avalado por los abogados querellantes Juan Ceballos, Miguel Martínez y Hugo Vaca Narvaja.

“Estamos hablando del mismo fenómeno que se dio en los crímenes cometidos en la Unidad 9 de La Plata o en Margarita Belén”, dijo Gonella, en diálogo con Página/12, y agregó que se trata de fusilamientos de presos políticos que estaban “en blanco, bajo un sistema de represión que se había institucionalizado” antes del golpe de Estado. La responsabilidad de los magistrados tomó relevancia, el año pasado, en el juicio por la causa de la UP1. En ese momento, algunos testigos declararon que habían denunciado oportunamente –en indagatorias ante los jueces federales– una serie de apremios, amenazas de muerte y violaciones ocurridos en la D2 de Córdoba. “Todos los procesos genocidas, incluso el nuestro, jamás pudieron haberse cometido sin la complicidad de estos sectores”, afirmó el fiscal. La participación de los ex magistrados se investiga en la causa Juan Miguel Ceballos, tramitada ante el Juzgado Federal 2 de Córdoba. Ese expediente pasó a manos del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, luego de que los fiscales federales Graciela López de Filoñuk, Enrique Senestrari y la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano se apartaran por “amistad íntima” con los acusados. Vidal Lascano promovió la acción penal contra Alí, Cornejo y Puga, pero desestimó las denuncias contra el ex secretario penal Carlos Otero Alvarez y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro. Gonella criticó esa medida y recordó que los testigos de la UP1 eran indagados en la cárcel por jueces, secretarios y defensores oficiales, “mientras un militar les apuntaba con un FAL en la nuca”. Por último, destacó la importancia de la causa porque “acá los jueces están sumamente comprometidos”.