Las cooperativas de trabajo y todo el espectro laboral que se mueve en torno de las fábricas recuperadas –después de haber sido abandonadas o quebradas por sus propietarios– pueden tener mañana su gran día. La Cámara de Diputados trataría y daría media sanción al anteproyecto que habilita a los empleados a participar en los concursos y quiebras de la empresa empleadora, abonando el camino a alcanzar la propiedad de la misma a través de una cooperativa de trabajo. El proyecto, que ya tiene aprobación en distintas comisiones y cuenta con el consenso de un amplio espectro de sectores políticos (“hasta los agrodiputados nos respaldan”, relató un cooperativista que participó de varias reuniones en el Congreso), fue enviado por el Ejecutivo hace ya largos meses, aunque el tema viene siendo exigido prácticamente desde la segunda mitad de la década del ’90, cuando la ocupación de fábricas y el reclamo de expropiación para garantizar la continuidad laboral pasó a ser moneda corriente en el sector industrial.

La confirmación del tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Quiebras dependía, hasta anoche, del acuerdo interbloques (e intercomisiones) que seguía tratándose en reuniones de última hora y seguiría durante buena parte de la jornada de hoy. “Las posiciones están muy cercanas, el tronco central está acordado”, coincidían diversas fuentes interesadas en la aprobación del proyecto, fundamentalmente desde la vereda de los trabajadores. Dicho “tronco” es el que garantiza las condiciones para que una cooperativa de trabajadores pueda acceder a la propiedad de una planta fallida y asegure la continuidad de los puestos de trabajo.

Uno de los aspectos centrales de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo es la obligación que les impone al juez y al síndico de la quiebra a considerar toda propuesta de una cooperativa de los trabajadores antes de decretar la liquidación (remate) de la planta y sus bienes. El otro punto neurálgico es el cómputo de todas las acreencias de los trabajadores (sueldos atrasados y otros derechos que surjan de una liquidación final de haberes, incluida la indemnización) como forma de pago de la cooperativa para comprar la liquidación de la empresa.

En el debate abierto en el Congreso se agregó además el derecho de los trabajadores a tener participación desde el momento de la convocatoria de acreedores (el concurso), más allá de que se constituyan o no en cooperativa. En la ley actual, los trabajadores son ajenos al concurso y sólo intervienen como acreedores privilegiados. Es decir, en caso de liquidación o acuerdo de pagos, deben ser los primeros en cobrar. Un derecho que, por distintos artilugios legales, las empresas tradicionalmente eluden.

Aunque el proyecto no beneficiará directamente a los trabajadores que ya tomaron el control de empresas fallidas, su conversión en ley les dará un elemento más a los jueces que entiendan en las causas para decretar la expropiación en favor de los empleados. “No nos saca totalmente del limbo, pero abre una expectativa legal que hoy no existe”, sostienen, de manera coincidente, las dos agrupaciones que concentraron la organización de los trabajadores en esta difícil situación, el Movimiento de Fábricas Recuperadas y la Confederación de Cooperativas de Trabajo.