El presidente uruguayo, José Mujica, sugirió realizar un nuevo plebiscito para definir la vigencia de la Ley de Caducidad, cuya anulación debe ser debatida por la Cámara de Diputados, para lo cual hoy el gobernante Frente Amplio celebrará un plenario en el que definirá la postura de los legisladores oficialistas.

Mujica, contrario a que la ley que permitió la impunidad de militares y policías que violaron derechos humanos durante la dictadura sea anulada por el Congreso, coincidió con el ex presidente Tabaré Vázquez en cuanto a que “las mayorías a veces se equivocan”, pero aclaró que “son las que tienen el derecho a equivocarse, porque son las que pagan el caldo”.

El mandatario se refirió de esta manera a los dos plebiscitos, en 1989 y en 2009, en los que la ley fue ratificada por los uruguayos, motivo principal por el que el jefe de Estado, que estuvo preso nueve años durante la dictadura, se opone a que la norma sea anulada por el Parlamento.

“Yo quisiera que el hombre de la calle decidiera esto, ¿nos vamos a pasar 40 años discutiendo?”, declaró Mujica en un reportaje publicado ayer por el diario La República. El mandatario consideró un error haber realizado en octubre de 2009 un plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad junto con las elecciones nacionales, uno de los factores que determinaron que la eliminación de la norma alcanzara el 48 por ciento de los votos, cuando se requería la mitad más uno de los sufragios.

En esa votación, la posición de cada elector que no se pronunció sobre el tema fue computada como voto en contra de la anulación. “Esto era como mezclar zapallos con chicharrones”, señaló, al tiempo que agregó que “cuando cometemos errores hay que asumirlos y decir, por lo menos, que nos equivocamos”, precisó.

Por otro lado, criticó al Frente Amplio por no haberlo consultado durante el proceso de discusión del proyecto de ley para anular la Caducidad, que la Cámara de Diputados prevé tratar el 19 de mayo y que tiene media sanción del Senado. “Nadie me consultó. Cuando el pastel estaba cocinado, decidí decir lo que pensaba a los compañeros diputados, que son los más representativos. Y les dije eso en una conversación reservada. No pasaron ni cinco minutos que ya estaba todo afuera”, explicó.

La posición contraria de Mujica a anular la ley desató una crisis en la coalición gobernante, que debatirá mañana en un plenario si sigue adelante con la anulación o busca otras alternativas, entre ellas un nuevo plebiscito. El Plenario Nacional había decidió en marzo que el Congreso aprobara una norma interpretativa para anular la ley, posición cuestionada por Mujica, el vicepresidente Danilo Astori y algunos legisladores frenteamplistas, que votaron a favor en el Senado por disciplina partidaria, incluido Eleuterio Fernández Huidobro, fundador de Tupamaros, que renunció a su banca luego de la votación.

La controversia llevó anteayer al presidente a preparar un decreto para estudiar caso por caso la aplicación de la Ley de Caducidad, dejando de esta manera la puerta abierta para terminar con la impunidad de los acusados por violaciones a los derechos humanos. Ayer, Mujica excluyó de la ley el caso de Alvaro Balbi, un militante comunista muerto en un centro clandestino de detención en 1975, cuyo cuerpo nunca apareció.

Para habilitar la investigación, Mujica tuvo que anular una anterior del ex presidente Julio María Sanguinetti, que había amparado el caso en la Ley de Caducidad. La resolución del presidente se fundamenta en la sentencia del 24 de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referida a la desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman. En ese fallo, la CIDH compele al Estado uruguayo a “tomar las medidas necesarias para que la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y para la identificación y, si procede, la sanción de los responsables”.

El gobierno de Mujica había excluido el año pasado de la Ley de Caducidad, que salvo pocas excepciones impide juzgar crímenes de lesa humanidad, los casos de los asesinatos en 1973 de Roberto Gomensoro y en 1976 del maestro y periodista Julio Castro.