A más de dos meses de haber iniciado la investigación, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, solicitó a los jueces de esa corte la detención del dirigente libio Muammar Khadafi, acusado de crímenes contra la humanidad. También pidió el arresto de Saif Al Islam, uno de los hijos de Khadafi, y del jefe de Inteligencia de su gobierno, Abdalá al Senusi. “Creemos que son los más responsables de la actual situación libia”, argumentó el fiscal.

“Es un primer paso hacia la Justicia”, evaluaron el pedido desde la organización mundial defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Los festejos también se produjeron entre los rebeldes libios, que desde febrero exigen el fin del gobierno de Khadafi. Sin embargo, expresaron sus deseos de juzgar a quien se perpetuó en el poder durante los últimos 40 años.

En una conferencia de prensa ofrecida en la mañana de ayer, el fiscal Moreno Ocampo explicó que el pedido, remitido hacia la Cámara Preliminar Nº 1, encuentra su basamento en las pruebas que la Fiscalía de la CPI, a su cargo, recolectó desde principios de marzo pasado, cuando decidieron iniciar los trabajos de investigación.

“Tenemos elementos de prueba sólidos y numerosas evidencias directas. Estamos prácticamente listos para ir a un proceso”, confió el jurista argentino. Un equipo de cinco miembros de la oficina del fiscal acabó el domingo un expediente de 74 páginas, con cinco anexos, que contiene los detalles del informe presentado para solicitar la orden de arresto.

Según remarcó el fiscal de la CPI, el documento no deja dudas sobre la responsabilidad que les cabría a Khadafi y a varios integrantes de su círculo íntimo de confianza respecto de la comisión de crímenes contra la humanidad. “Las pruebas recolectadas muestran que Muammar Khadafi comandó personalmente los ataques contra civiles libios no armados, que su hijo Saif Al Islam es el primer ministro de facto de Khadafi y que Al Sanusi, su brazo derecho, ordenó personalmente algunos ataques”, remarcó el fiscal en la conferencia de prensa.

Una vez emitido el pedido, los jueces de la CPI tienen la libertad de decidir si lo aceptan, lo rechazan o solicitan informaciones suplementarias. De aceptarlo, Moreno Ocampo aseguró que las autoridades libias tienen la obligación de ejecutar las órdenes de arresto. Por el momento, a tres meses de iniciadas las revueltas, el desarrollo de una guerra civil y la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Khadafi continúa gobernando Libia.

El 3 de marzo pasado, el fiscal del máximo tribunal de Naciones Unidas comenzó a investigar a ocho miembros del gobierno libio por crímenes contra la humanidad perpetrados en ese país desde que los rebeldes comenzaron las revueltas. El líder del gobierno, tres de sus hijos y algunos funcionario fueron los ejes de la investigación. Desde entonces, la oficina del fiscal efectuó 30 misiones en 11 países; examinó más de 1200 documentos, entre ellos videos y fotografías, y realizó cerca de medio centenar de entrevistas, en algunos casos con testigos oculares. No obstante, cabe aclarar que no fueron interrogados testigos en Libia para no ponerlos en peligro.

Moreno Ocampo ya había adelantado que las acusaciones de crímenes de guerra cometidos en Libia, entre ellos violaciones y ataques cometidos desde fines de febrero, darían lugar a otra investigación.