Desde Montevideo

La Cámara de Diputados uruguaya tiene en sus manos la posibilidad de eliminar la Ley de Caducidad, que impide que sean juzgados quienes cometieron crímenes durante la dictadura (1973-1985). Al cierre de esta edición, los representantes seguían debatiendo el proyecto que dejaría sin efecto la norma. Pese a que el presidente José Mujica le pidió que votara junto con los legisladores del Frente Amplio (FA), el diputado oficialista Víctor Semproni seguía firme con su oposición. Los partidos tradicionales mantenían su rechazo homogéneo a la iniciativa impulsada por la coalición centroizquierdista gobernante, lo que dejaría al FA sin los votos necesarios para aprobar el proyecto. Sin embargo, afuera y adentro del Palacio Legislativo, la expectativa se mantenía intacta.

Mujica hizo un último intento para que el FA no cayera en una profunda crisis. Más allá de sus propias objeciones al proyecto que su misma fuerza política ideó, el mandatario volvió a pedirle a Semproni que votara como la totalidad de la bancada frenteamplista. Minutos antes de entrar al recinto, el legislador del Espacio 609 (FA) dijo que ratificaba su decisión de no acompañar.

Aunque Semproni llegó más tarde, la sesión arrancó pasadas las 15.30. Quien ofició de miembro informante por la mayoría fue el diputado frenteamplista Felipe Michelini, que junto con su hermano Rafael fueron los principales impulsores del proyecto interpretativo. El hijo de Zelmar Michelini –asesinado en Buenos Aires hace hoy 35 años– remarcó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y resaltó que no entendía por qué había quienes habían modificado su opinión al respecto de esa iniciativa, haciendo alusión a Semproni, quien en octubre de 2010 votó el proyecto, pero en los últimos meses cambió de parecer.

“Unas personas cometieron desapariciones forzadas, incluso de niños; secuestraron, mataron y desaparecieron, usufructuando el aparato del Estado, y luego pretenden que nos olvidemos de los hechos”, protestó el diputado de Nuevo Espacio, en el FA. “Hasta el día de hoy tienen secuestrada la verdad”, levantó el dedo contra los militares. “Mantener esta ley afecta nuestra dignidad como pueblo civilizado”, subrayó, y contestó a quienes quieren dar vuelta la página de la historia: “El futuro se construye asumiendo el pasado”.

En segundo lugar tomó la palabra el diputado blanco Gustavo Borsari, quien volvió a recordar al Pacto del Club Naval como el huevo de la serpiente. Según Borsari, en 1984, los militares, el Partido Colorado, la Unión Cívica y el FA habrían acordado la impunidad para los represores. El legislador del Partido Nacional también aprovechó para apuntar los cañones contra el canciller Luis Almagro, quien presentó el proyecto interpretativo para adecuar la legislación uruguaya a la internacional. “Lo mejor que puede hacer es irse a su casa”, lo fustigó el político derechista. “El canciller estuvo y está en falta por no defender los intereses del pueblo uruguayo”, espetó. Según Borsari, el error de Almagro fue supuestamente no haber discutido la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó a la República Oriental por la desaparición impune de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena.

Tras la exposición del diputado blanco, los partidos de la oposición se fueron pasando la palabra. Todos cabalgaban sobre los mismos caballitos de batalla: acusaban al FA de no escuchar los dos pronunciamientos populares de 1989 y 2009, que terminaron por ratificar la Ley de Caducidad. Los diputados oficialistas seguían defendiendo su propuesta. Al cierre de esta edición, aún no había intervenido Semproni.

Por si no juntaba los votos necesarios, el FA ya está analizando otras alternativas para cumplir con lo que resolvió en el Congreso Extraordinario de diciembre de 2008: eliminar la Ley de Caducidad. La fórmula que estudia la coalición centroizquierdista sería la propuesta por el constitucionalista Martín Risso y que involucra la derogación de la ley. Organismos de derechos humanos se mostraron poco proclives a seguir esta vía, ya que la derogación implica que cesan los efectos de la ley hacia el futuro, pero no permite una revisión del pasado. Para atender esas críticas, el FA propondría que el presidente continúe revocando –como lo hizo días atrás– los decretos de anteriores mandatarios que no autorizaban a que la Justicia investigara casos de violaciones a los derechos humanos porque los consideraban incluidos en los alcances de la Ley de Caducidad.

El FA también tiene que hacer frente al fantasma de las prescripciones de los delitos. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no se trataban de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no son imprescriptibles, y para el 1º de noviembre próximo se terminaría la posibilidad de la Justicia de llevar a los represores al banquillo. “Estamos viendo la posibilidad de actuar legislativamente sobre este tema”, confió a Página/12 el senador comunista Eduardo Lorier. Sea como fuere, los uruguayos tendrán que seguir recorriendo un largo camino para sacarse el polvo de la Ley de Caducidad de sus zapatos y poder avanzar con paso firme hacia la verdad y la justicia.