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El edificio del Poder Judicial de Bariloche ayer amaneció enjaulado, rodeado de un doble vallado; uno, de metal; el otro, de uniformados. Más de un centenar de policías, entre montados, fuerzas especiales, patota civil, grupo Bora y demás, que se dedicaron a cachear a cuanta persona entraba al lugar y a otear en el horizonte con desconfianza. Que la medida estaba destinada a disuadir no cabe duda, pero no se aclaró si disuadir incidentes o prevenir las consecuencias de eventuales represiones que ya cobraron sus muertes. Juzgado en el banquillo quedó el ex cabo Sergio Colombil, acusado del asesinato del chico Diego Bonefoi de un disparo en la nuca a dos metros, mientras lo perseguía. Colombil no declaró. Dejó que lo hicieran tres de sus colegas como testigos. También un perito propuesto por el tribunal, un físico y un auxiliar policial, que peritó el arma pero no era perito. La pretensión de la acusación es lograr una pena alta por homicidio doloso. La de la defensa, cargar toda la responsabilidad a un caso de cartuchera fácil.

Uno de los testigos, el sargento Alfredo Milanao que estaba a cargo del operativo que terminó con el disparo de Colombil, aportó a la línea del accidente (en realidad, todos los testigos, que además fueron aportados por la defensa, fueron policías), aseguró mirando a los jueces de la Cámara Primera del Crimen, Marcelo Barrutia, presidente del tribunal, Gregor Joos y Alejandro Ramos Mejía: “No salimos a matar, fue un accidente”. También dijo que no vio que los perseguidos estuvieran armados. Los otros dos colegas de Colombil, el sargento Ricardo Candela y el cabo primero Francisco Villarroel, insistieron en la defectuosa preparación que reciben, en el mal estado de las armas, en las cartucheras que se rompen y en las balas que deben comprar ellos mismos. Estaba claro, más allá de que fuera cierto, de que en otro contexto tales testimonios hubieran valido un telegrama de despido. En este caso, fueron testigos aportados por la misma policía.

Un perito convocado por el tribunal, Roberto Nigris, sostuvo que la cartuchera “no era segura para la portación de un arma, estaba floja, no es recomendable para personal de calle”. También dijo que el arma tiene los seguros que evitan que se dispare si se cae, pero que la que llevaba Colombil tenía “el seguro manual defectuoso y se podría haber disparado al caer”. Y agregó que “el gatillo es suave”.

El auxiliar Emilio Silva, del Gabinete de Criminalística, fue propuesto por la propia institución policial a la defensa de Colombil. Después se arrepintieron: Silva sostuvo que realizó un informe pericial sobre el arma de Colombil y que estaba en buenas condiciones. También recordó que había participado en el rastrillaje de proyectiles y que no se logró encontrar ninguna arma. Se refería al arma que la acusación sostiene que fue plantada. Silva declaró que cuando los de Criminalística se retiraron, quedaron custodiando el lugar los policías de la 28, es decir, los compañeros de trabajo de Colombil. Y luego apareció el arma.

La difícil tarea que había montado la defensa, entretejida con la laboriosa tarea de los testigos, se había complicado y hacía peligrar la hipótesis de la cartuchera fácil, que permite disparar el arma al dejarla caer, aunque según los testimonios previos de Colombil el arma la llevaba en la mano para que no se le cayera de la cartuchera. El juicio continuará hoy, con un par de testigos policiales más, los alegatos y, en una semana, el tribunal dará la sentencia.

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