Sin suspender la represión violenta sobre quienes exigen el fin de su gobierno, el presidente de Siria, Bashar al Assad, decretó una amnistía general para todos los presos del sistema penitenciario. La oposición consideró que la decisión oficial es insuficiente y pide que Baas, el partido oficialista, abandone el poder. El gobierno rechazó de plano el reclamo: “Baas es el dirigente del Estado y de la sociedad. Lo dice la Constitución”, apuntaron desde el oficialismo.

La señal gubernamental de televisión y la agencia de noticias oficialista Saná fueron los medios encargados de difundir la noticia y de explicar los detalles del decreto 61, firmado ayer por Al Assad, que sintéticamente reduce en un 50 por ciento la pena de los presos en cuyos casos no haya una denuncia interpuesta por algún individuo. “El presidente Assad concedió por decreto una amnistía general para todos los crímenes cometidos antes del 31 de mayo de 2011”, encabezó la agencia de noticias. El beneficio recaerá también sobre el total del grupo de presos que adhieren al espacio político liderado de los Hermanos Musulmanes.

La resolución del Ejecutivo transmuta la pena capital en cadena perpetua sola o con trabajos forzados, dependiendo del delito; conmuta la cadena perpetua por veinte años de encierro con excepción de los presos mayores de 70 años, quienes son indultados si perpetraron el crimen antes de cumplir los sesenta. Además, las personas que tengan 71 años o más y que purguen penas temporales serán excarceladas. A los presos con delitos menores y faltas se les perdonará toda la pena, así como a los menores que estén en centros de rehabilitación y a los desertores del ejército.

El texto puntualiza que no se beneficiaran quienes estén prófugos de la Justicia, aunque podrán hacerlo si se entregan durante los tres meses siguientes a partir de la emisión del decreto.

Reunidos en Turquía, referentes de los principales espacios políticos sirios opositores al régimen de Al Assad consideraron que la medida es insuficiente y que llega demasiado tarde. Entre 300 y 400 integrantes de todas las corrientes políticas y confesiones religiosas celebran en la ciudad costera en Antalya, al sur de Turquía, una reunión de tres días para esbozar una contestación contra el régimen y reclamar la renuncia del presidente.

Mientras tanto, la represión oficialista como método principal de silenciamiento de las protestas que sacuden al país desde el 15 de marzo sigue a la orden del día. Durante la jornada de ayer, y por tercer día consecutivo, el ejército usó tanques y ametralladores para acallar reclamos en la ciudad de Rastan, cerca de Homs, en el centro del país.

“Se oyeron disparos de ametralladora en Rastan. Las operaciones prosiguen”, declaró un militante defensor de los derechos humanos. “Esta mañana se oyeron explosiones. Rastan está completamente aislada y un gran número de personas resultaron heridas en esta ciudad”, precisó y añadió: “Los tanques del ejército rodean Rastan y en el interior de la ciudad se desplegaron vehículos de transporte de tropas”. Según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, más de 1100 civiles han muerto y al menos diez mil personas fueron detenidas en el país desde el inicio del movimiento de protesta.

Pese a la negativa de la oposición, la amnistía es una opción más que el gobierno agrega al abanico de cambios y modificaciones políticas ya aplicadas en pos de acordar la paz en el universo político. Unas horas antes, Damasco había anunciado la apertura de una comisión de diálogo, a conformarse mañana: “Invitamos a varios miembros de todas las corrientes políticas y personalidades políticas, económicas y de la sociedad”, había explicado Mohamad Said Bjeitan, número dos del partido Baas, en el poder, al diario local Al Watan. El grupo de trabajo contaría con mayoría oficialista.

A principios de mayo, el Ejecutivo convocó a un comité para elaborar un borrador de una nueva ley electoral para la celebración de comicios generales. En abril, Al Assad derogó la Ley de Emergencia vigente en el país desde 1963, eliminó el Alto Tribunal de la Seguridad del Estado y respaldó una nueva ley que garantizaba el derecho a convocar protestas pacíficas. En las próximas semanas Siria debe celebrar elecciones legislativas, las terceras desde que el presidente Bashar al Assad sucedió a su padre, Hafez al Assad, en julio de 2000.