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La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó ayer la Ley de Participación Público Privada que dará marco normativo para inversiones privadas.

El proyecto, que fue aprobado por amplia mayoría, había producido rispideces en el seno de la coalición del Frente Amplio. El senador del Partido Comunista, Eduardo Lorier, se había negado a votar la iniciativa en la Cámara alta, donde al igual que en Diputados, fue aprobada con los votos del Frente Amplio y de los partidos opositores Blanco y Colorado.

En lo que constituyó un nuevo choque interno en la coalición del oficialismo, el Partido Comunista acordó que su diputado Hugo Dávila no entrara a la sesión y sea reemplazado por su suplente Elsa Hernández, integrante de otro sector del Frente Amplio.

Esta nueva ley prevé la asociación entre capitales públicos y privados para realizar inversiones con un tope del 7 por ciento del PBI, que a fines de 2010 se situaba en 40.100 millones de dólares. Por otra parte, no se podrán comprometer fondos por más del 0,5 por ciento del PBI por año para erogaciones vinculadas con la cancelación de obligaciones que emerjan de esas asociaciones. Los resquemores dentro del Partido Comunista surgieron en relación a si la nueva ley podía poner en peligro patrimonio público en manos de inversores privados, lo que fue descartado de plano por el presidente José Mujica.

“A diferencia de las privatizaciones de la década del ’90, con lo que aprobamos ahora no se enajena nada. Creemos en un Estado fuerte, regulando y presente en las áreas estratégicas e intransferibles para atender las desigualdades que el mercado provoca”, dijo durante la sesión el diputado socialista Gustavo Bernini. El socialista dijo que existe un déficit de 2000 millones de dólares en infraestructura y que el Estado no tiene los recursos necesarios. “El Presidente afirmó que no se privatiza nada, y eso es verdad. Pero antes, cuando se ensayaban medidas similares se decía que había privatización. Nosotros llegamos sin complejos ni traumas, a votar tranquilos. El instrumento es bueno, y la esencia entronca con el pensamiento histórico del partido”, dijo a su turno el nacionalista Pablo Abdala.

La diputada conservadora Martha Montaner, del Partido Colorado, dijo al respaldar el proyecto que el Frente Amplio había cambiado de actitud en los últimos años. Recordó que hace 15 años se opuso a la reforma de la seguridad social, a la concesión de la Terminal de Contenedores, y otras.

Pero las reticencias que habían expresado legisladores del Partido Comunista se manifestaron en los reproches de las 70 personas presentes en el recinto que comenzaron a insultar a los diputados, provocando el desalojo, justo cuando el socialista Verdú Pardiñas hacía su alocución.

“¡Traidores!” “¡Aquí están/Estos son/los que venden la nación!” fue el grito de batalla que eligieron los manifestantes, entre quienes había dirigentes del sindicato de taxis, de Correo, y de la Plenaria Memoria y Justicia. Sin embargo, entre el público se ausentó la plana mayor del Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional de Trabajadores, que habían expresado su rechazo al proyecto, y los militantes comunistas. La decisión del PIT-CNT de ir contra esta norma fue por falta de garantías de que no habrá privatizaciones en los servicios del Estado. Tanto los conservadores blancos como colorados estiman junto al Frente Amplio que con la nueva ley se podrán construir carreteras, puertos, centrales energéticas, cárceles y renovar la infraestructura ferroviaria, entre otros proyectos.