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Un nuevo asesinato de un periodista en Honduras elevó ayer a trece el número de crímenes contra comunicadores en el país desde 2010. Nery Jeremías Orellana, de 26 años, fue muerto a tiros en el departamento occidental de Lempira, en la frontera con El Salvador. Durante la era del presidente Porfirio Lobo –post gobierno de facto de Roberto Micheletti–también fueron asesinados los periodistas Héctor Medina Polanco y Adán Benítez, sólo en lo que va de 2011.

Orellana dirigía la radio comunitaria Joconguera, era corresponsal de Radio Progreso, miembro de la Red Alternativa de Radios Comunitarias, militante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y colaborador de la Iglesia. El cuerpo de Orellana había sido encontrado agonizante el jueves, con dos disparos de bala en la cabeza en una ruta del municipio de Candelaria, donde fue interceptado por desconocidos que le dispararon mientras se dirigía en moto a la radio donde trabajaba. El periodista falleció horas más tarde en un hospital de El Salvador.

En diálogo con Página/12, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena, habló de la inacción para esclarecer los constantes ataques contra la libertad de prensa en el país. “Una vez más un asesinato de un comunicador social en Honduras. Muy poco las autoridades han hecho para identificar los casos. Hemos tenido comunicación para ver cómo va el avance de las investigaciones y de estos casos apenas cuatro se han judicializado y ningún autor material o intelectual fue encarcelado”, se lamentó Mairena.

“Porfirio Lobo tiene la buena voluntad, pero sin embargo tienen que hacer más, se debe pasar por una depuración dentro de las fuerzas policiales porque no hay credibilidad”, exigió Mairena. El jefe regional de la policía hondureña, Juan Carlos Bonilla, dijo que un equipo especial investiga en el lugar la muerte del periodista. Según medios de comunicación de Honduras, la policía maneja la hipótesis de un asalto. Sin embargo, de acuerdo con el titular del CPH, habría una intención manifiesta por parte del gobierno por presentar los casos de asesinatos contra periodistas en Honduras como hechos casuales, vinculados con móviles de asalto o robo a mano armada, y no como atentados contra la libertad de prensa. “Han sido muy simples en decir que se trata de casos aislados. El gobierno se había comprometido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para dar con los autores de los asesinatos, para establecer si fueran casos aislados o contra la libertad de expresión.”

En ese sentido, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió ayer que se privilegie la pista política y profesional en el caso de Orellana, ya que el joven tenía el perfil de periodista expuesto al peligro. RSF recordó en un comunicado que la radio que dirigía la víctima denunciaba constantemente las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las comunidades locales. “Esto recuerda el peligro que implica hablar de los conflictos sociales y agrarios en algunas zonas y en ciertas frecuencias”, agregó el comunicado. “La Radio Joconguera, a pesar de ser comercial, ha puesto sus espacios informativos al servicio comunitario y es un canal comunicativo que denuncia constantemente las atrocidades que se cometen contra las comunidades de la zona”, enfatizó la ONG C-Libre.

En la grilla de la emisora figuraban varios programas del FNRP, que lidera el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 por un golpe cívico-militar encabezado por el empresario Roberto Micheletti. Al igual que en el caso del periodista Medina Polanco –el primero asesinado en el año–, Orellana venía recibiendo reiteradas amenazas de muerte.

El comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó que entre 2007 y 2011 fueron asesinados unos veinte periodistas.

Informe: Juan Nicenboim.