Lunes, 15 de agosto de 2011
| Hoy
EL MUNDO › DESCARTAN DIALOGAR CON EL CONGRESO CHILENO SOBRE LA CRISIS EDUCATIVA
Mientras la Confederación de Estudiantes de Chile hacía pública su decisión de mantener el paro y la movilización, el gobierno de Piñera anunciaba que enviará proyectos para endurecer las penas a los que se manifiesten.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) descartó su participación en una mesa de diálogo en el Congreso para avanzar en sus demandas de educación pública, gratuita y de calidad. Y mantuvo la convocatoria a paro nacional para el jueves. “No nos sirve aceptar una mesa tripartita cuando el Ejecutivo no ha mostrado un respaldo ante las demandas que son más fundamentales de este movimiento”, señaló a la prensa la dirigente estudiantil Camila Vallejo, a la salida de una asamblea de la organización en Concepción, a 500 kilómetros al sur de Santiago.
Días atrás, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado invitaron a los estudiantes a una mesa de diálogo con parlamentarios y el gobierno, para destrabar el conflicto estudiantil que lleva tres meses y que involucra tanto a universitarios como a secundarios. Los estudiantes mayores alegaron la falta de “pronunciamiento” del gobierno de Sebastián Piñera ante sus peticiones, lo que a su juicio no les da “garantías” de que el intercambio sea viable en el Parlamento.
En tanto, los alumnos de secundaria seguían analizando su eventual participación en la mesa de diálogo en una asamblea en Copiapó, a 800 kilómetros al norte de Santiago.
El gobierno de derecha llama a dialogar, y paralelamente pretende ingresar al Parlamento los dos primeros proyectos de ley con los que –afirma– se ha dado respuesta a las demandas estudiantiles. Uno de ellos busca refinanciar los créditos morosos de unos 110.000 estudiantes, mientras que el otro pretende rebajar de 5,3 a 4 por ciento los intereses que cobran bancos privados para créditos estudiantiles con el aval del Estado. Pero además, el gobierno de Piñera anunció un proyecto para prohibir la presencia de personas que se cubran el rostro en las manifestaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció la iniciativa de modificar el decreto 1086, que regula las movilizaciones, y otro plan para aumentar las penas por desórdenes en la vía pública, al incrementar la condena de 341 días a tres años.
Los estudiantes chilenos piden al Ejecutivo que asegure el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel constitucional, que retorne la gestión de las escuelas de las municipalidades al Estado y que se prohíba el lucro de las universidades privadas, cuyos alumnos proceden mayoritariamente de sectores vulnerables y deben endeudarse muchos años para poder estudiar. La Confech ayer reiteró su llamado a paro nacional para el próximo jueves, en una nueva marcha que deberá ser autorizada por el gobierno en los próximos días.
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