Desde Brasilia

Presiones cuarteleras, cuándo no. La Comisión de la Verdad sobre los crímenes perpetrados por la dictadura brasileña, aprobada el miércoles pasado en Diputados, merced al empeño político de la presidenta Dilma Rousseff, fue poco menos que mutilada por la presión discreta de las Fuerzas Armadas, o parte de ellas, cuyo brazo ejecutor fueron “sus aliados de siempre, los políticos de la derecha y la prensa conservadora”, resume Luiza Erundina. Ex alcaldesa de San Pablo por el Partido de los Trabajadores y en la actualidad una de las diputadas que expresan las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, Erundina presiente que los mismos engranajes capaces de hacer que Brasil esté “a la cola de la verdad histórica en América latina siguen conspirando” para perpetrar su último servicio a la impunidad: sabotear la labor de la Comisión que aún espera el voto de la Cámara de Senadores.

“No tengo ninguna duda, y lo digo con conocimiento porque es un tema en el que he trabajado desde hace muchos años, continúa actuando el lobby de los militares para impedir que la Comisión pueda lograr su cometido y revelar los crímenes de la dictadura, la táctica de la obstrucción está en pie”, declaró Erundina.

El miércoles, Diputados concedió media sanción al proyecto enviado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propuesta que motivó una crisis a fines de 2009, cuando los jefes de las Fuerzas Armadas se declararon en virtual insubordinación con la venia del entonces ministro de Defensa, Nelson Jobim. En los ’70 Dilma combatió con las armas a la dictadura y tras su llegada al Palacio del Planalto asumió la pelea contra el olvido con más convicción que su compañero Lula, y en sólo 9 meses de gestión dio pasos efectivos hacia el esclarecimiento de asesinatos, desapariciones y torturas. El primero fue deshacerse del aceitoso Jobim, más subordinado a los generales que al poder civil, y luego instruyó al nuevo ministro de Defensa, Celso Amorim, para que, junto a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, y el de Justicia, José Eduardo Cardozo, operen para limar resistencias en los cuarteles y el Parlamento.

Luiza Erundina, que dejó el PT de Rousseff y Lula, para afiliarse al Partido Socialista, opina que “el precio pagado por el Ejecutivo para llegar a un consenso y lograr la votación favorable en Diputados fue excesivo”. El texto elaborado por el gobierno “ya era originalmente muy cauteloso desde su concepción, pues para no incomodar a los militares, se descartó la posibilidad de que las pruebas obtenidas en la Comisión de la Verdad puedan ser giradas a la Justicia, o sea ya se admitía desde el Planalto que nunca se procesará a los sospechosos”, y quedará en pie la Ley de Amnistía, legado del general-presidente Joao Baptista Figueiredo.

A lo anterior se suma que en Diputados “fue mitigada la capacidad de acción de la Comisión, a través de exigencias de última hora planteadas nada menos que por parte del partido Demócratas, el que se formó con los herederos de la dictadura”.

“Alguien debería preguntar por qué será que a la Comisión le dieron nada más que dos años de tiempo para investigar, por qué será que no tiene presupuesto propio y por qué se le exige que investigue violaciones de los derechos humanos entre 1946 a 1988, en lugar de que los esfuerzos se concentren en la dictadura, todo eso es para enflaquecerla.”

El parecer de Erundina es minoritario en el Parlamento, donde el proyecto fue aprobado por aclamación, contando con el apoyo de fuerzas opositoras, incluso el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex mandatario Fernando Henrique Cardoso. “Este romance político de Dilma y Fernando Henrique fue muy importante, está comenzando a dar frutos concretos porque influyó decisivamente para que hayamos podido aprobar la Comisión de la Verdad”, razona Domingos Dutra, diputado del PT.

Presidente de honor del PSDB, Cardoso telefoneó a los congresistas de su agrupación para que voten a favor de la Comisión. “Eso es algo bueno para el país, no tiene sentido prolongar las peleas que vienen del tiempo del presidente Lula, entre el PT y el PSDB”, planteó el diputado petista Dutra, más optimista que la socialista Erundina.

Congresistas del gobierno aún abrigan la esperanza de que en algún momento sea abolida la Amnistía y observan a la Comisión de la Verdad como “un paso dentro de un proceso histórico, que esperamos no se agote en averiguar lo que sucedió, esperamos que algún día se haga justicia”, redondeó Dutra.