Desde Medellín

Después de las elecciones municipales del fin de semana pasado, el panorama político continúa agitándose en Colombia. En más de veinte pequeñas localidades se presentan disturbios que hasta ahora dejan un muerto, 48 personas detenidas, y material como votos y listas de conteos desaparecidos gracias al fuego que las turbas enfurecidas provocaron. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor Alvaro Uribe viven una polémica por supuestos distanciamientos. “Ni nada ni nadie”, aseguró Santos, lo convertirán en detractor de Uribe, aunque políticos del Partido de la U afirman lo contrario.

Después de que se le señaló como el gran perdedor de la jornada electoral del domingo porque sus apadrinados no consiguieron las alcaldías, Uribe continuó dando que hablar criticando decisiones de Santos, como la elección de un nuevo ministro de Trabajo, y señalando que en las fuerzas militares hay baja moral. Santos reiteró lo de siempre cuando le llueven los señalamientos de Uribe: lo ensalzó y afirmó que seguirá adelante con su “histórica gestión”. Dijo además que “para él sólo tengo –y tendré– gratitud, respeto y reconocimiento”.

Entretanto, Santos enviaba cinco mil policías a las zonas “rojas” del país donde brotaron los disturbios, y donde se mantuvo hasta ayer el toque de queda, la prohibición de ingerir alcohol y de portar armas, así como la presencia de militares por cielo y tierra. El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, ordenó no repetir elecciones en ninguno de los municipios donde se presentan las protestas violentas, por lo que aún son inciertos los nombres de los futuros gobernantes de estas regiones. Sólo en caso de comprobar irregularidades en los conteos de votos, o actos corruptos cualesquiera para favorecer algún candidato, la Registraduría organizará unas nuevas elecciones. La corrupción, como lo había anunciado el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, está desbordada en las elecciones.

En otros casos –como en el municipio de Sabaneta, vecino de Medellín–, la comunidad protestaba de manera pacífica, señalando que la elección de alcalde podría haber sido manipulada. Tan sólo 76 votos diferencian a la candidata electa (del Partido Conservador) del segundo, quien pertenece a un partido independiente. Esta semana, los pobladores se aglomeran en las afueras del coliseo deportivo, donde están guardados los votos fuertemente marcados en papel que, durante el conteo, se iban informando minuto a minuto vía Internet. Al caer la noche, la electricidad se cortó en todo el municipio y después de ello en las pantallas apareció como nueva ganadora la conservadora Luz Stella Giraldo; antes del “apagón”, el candidato por los indígenas, Iván Montoya, lideraba los votos.

“Lo que queremos y consideramos más sano es que se realice un reconteo, pues aún no está claro qué pasó con la electricidad, y es importante que el alcalde que llegue tenga la legimitidad de un conteo público”, explicó a Página/12 el líder Felipe Grajales, uno de los marchantes de esta semana.

En otras ciudades –como en Bello, también vecina de Medellín y que forma parte de su gran valle metropolitano– tendrán que realizarse nuevamente los comicios en diciembre, pues más del 50 por ciento de los ciudadanos marcó el voto en blanco, después de que supuestas fuerzas mafiosas presionaran para que sólo quedara un candidato a la alcaldía de esa localidad.

Lo que más preocupa es la participación de políticos y bandas criminales paramilitares tras los disturbios violentos que, hasta ayer, se iban mermando en la mayoría de las provincias. De 32 que tiene Colombia, en 12 se presentaron las protestas violentas que dejaron, además de civiles dañados, siete policías heridos y amplios daños materiales en edificios públicos, y las residencias de algunos candidatos y funcionarios del gobierno. Los responsables, según lo asegura la Misión de Observación Electoral (MOE), serían los políticos perdedores de la jornada electoral, por eso exigieron a los directores de partidos políticos que investiguen quiénes están detrás de los hechos violentos que, en total, sumaron 55 en todo el país.