Después de la masiva presencia de docentes en la votación de ayer, en la que se eligió a los miembros de las Juntas de Clasificación, hoy comienza a definirse el futuro de esos organismos, encargados de los nombramientos y ascensos de maestros y profesores en las escuelas porteñas. En la Legislatura porteña, un plenario de dos comisiones podrían sacar al menos dos despachos: uno, presentado por el PRO, que elimina ese mecanismo representativo y lo reemplaza por un organismo del Ejecutivo, y otro, impulsado por un grupo de diputados de la oposición, que propone archivar esa iniciativa. El que reúna más adhesiones será el primero en ser sometido a votación en el recinto, trámite que el oficialismo pretende concretar antes del 10 de diciembre. El encuentro de hoy coincide con un nuevo paro docente, el tercero desde que se anunció la intención del PRO de eliminar las juntas.

Según datos del gremio UTE-Ctera, concurrió a votar más del 65 por ciento del padrón docente, cuando históricamente asiste a las elecciones de juntas la mitad de los habilitados. Esto fue interpretado por el sindicato como un respaldo de los trabajadores al sistema de nombramientos y ascensos que el macrismo pretende eliminar. “Los docentes dieron un urnazo en defensa del Estatuto y mañana (por hoy) están invitados a la Legislatura para decirles a los diputados que no ignoren el resultado del comicio”, dijo Eduardo López, secretario general del gremio. Es que las elecciones habían estado en duda hasta hace poco, en lo que se interpretó como parte de la estrategia oficial contra las juntas.

Hoy, a partir de las 10, los legisladores de las comisiones de Educación y de Legislación del Trabajo se reunirán en plenario para intentar sacar un despacho de mayoría. Es la culminación de una serie de reuniones en las que se escuchó a representantes de los diecisiete sindicatos porteños, a miembros de las juntas y a docentes y directivos de escuelas. Los números de oficialistas y opositores no arrojan ventajas notorias para ninguno. Sobre un total de 22 diputados, el PRO tiene ocho votos propios, mientras que los legisladores que proponen el archivo cuentan seis firmas seguras y dos posibles. Una tercera propuesta, formulada por Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, propone un camino intermedio: reduce la cantidad de juntas de las catorce actuales a siete, les mantiene la atribución de designar jurados, pero les recorta la posibilidad de armar las listas, que quedaría en manos de una comisión de la Legislatura. Si bien ese proyecto tiene sólo dos votos seguros, podría recibir el apoyo del PRO, en el caso de que los números para su propuesta no cierren, según admitieron legisladores de oficialismo a Página/12.

La diputada Laura García Tuñón (Proyecto Sur), titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, exhortó mediante una nota dirigida a sus pares a que “no se dejen engañar proponiendo proyectos alternativos”, ya que cualquier “propuesta para mejorar el funcionamiento de las juntas tiene que ser discutida con los propios trabajadores involucrados”. Sus declaraciones sintetizan la postura de la oposición: creen que es necesario modificar el sistema de juntas, sin eliminarlas, pero para iniciar una discusión exigen el retiro del proyecto oficialista, al que cuestionan, entre otras cosas, porque no fue consultado con los trabajadores. Lo expresó Delia Bisutti (SI): “Las Juntas de Clasificación están reglamentadas por el Estatuto de Docente y cualquier modificación a esa norma debe hacerse en el marco de las discusiones paritarias”.

La titular de la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri (PRO), admitió que existe “diálogo con algunos sectores de la Coalición Cívica que proponen un despacho alternativo, con el cual tenemos algunos puntos e acuerdo”. Morales Gorleri es autora del proyecto de oficialismo, junto a su par Enzo Pagani y al diputado Juan Pablo Arenaza, de la Coalición Cívica. Curiosamente, Arenaza pasó de proponer ese conflictivo proyecto junto al PRO a apoyar la iniciativa de Abrevaya.

Los docentes recibieron ayer el respaldo del Foro por la Educación Pública de la Ciudad, que instó a los legisladores a “rechazar esta propuesta cuya implementación va a redundar en un empeoramiento de las condiciones laborales docentes, sin garantizar la accesibilidad equitativa y transparente a los cargos”. “La embestida del Ejecutivo contra las Juntas de Clasificación intenta legitimarse en la presunta ineficiencia de esos organismos, de los cuales el propio Estado forma parte”, dice el documento. En efecto, cada junta está integrada por seis representantes elegidos por los docentes y tres designados por el Ministerio de Educación porteño.

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, se pronunció ayer sobre el conflicto. Opinó, por un lado, que los docentes “deben ser consultados sobre las modificaciones” al Estatuto: “Probablemente haya que cambiar algunas cuestiones, pero hay que discutirlo con los docentes”, dijo. Pero respecto de la medida de fuerza fue contundente: “Somos recontra partidarios de que haya clases”, dijo. “Creo que todo se puede discutir en el marco de la defensa de un derecho que a mí me parece que es anterior al derecho de los docentes, y que es el derecho de los alumnos”, afirmó.