[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Sergio Sorín

Es irónico ver a Tony Blair explicar al Parlamento británico los planes para formar “un futuro gobierno” para Irak y que nadie pidiera explicaciones por las 90.000 minas antipersonales –de fabricación norteamericana– que están almacenadas en la base Diego Rivera, una pequeña isla británica situada en el océano Indico. En Argentina tal vez muy pocos sepan que el Reino Unido suscribió la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción”, que prohíbe expresamente a los Estados firmantes desarrollar, producir, adquirir, almacenar, retener y transferir armas antipersonales; pero que esto no lo conozca ningún político británico es algo poco creíble.
Esa misma ironía persiste en otros ejemplos. Mientras la coalición formada por EE.UU., Reino Unido y España repite su intención de llevar paz y libertad a Medio Oriente, lanza sobre Irak misiles con uranio empobrecido o bombas de racimo –armas que por su efecto real son de uso indiscriminado y por lo tanto perjudican directamente a la población civil– violando los convenios de Ginebra.
En estos días de confusión muchos países aprovechan la conmoción global para violar la libertad de expresión, encarcelar a disidentes, restringir los derechos de asilo, practicar torturas y aplicar la pena de muerte. Desde Egipto hasta Estados Unidos, desde Bélgica hasta Sudán, los gobiernos deben respetar los derechos humanos fundamentales y abstenerse de utilizar la guerra en Irak como pretexto para recortar estos derechos o abusar contra ellos.
Ironía es también que en estos tiempos el país más desarrollado del orbe persista con prácticas medievales. En la misma semana en que el secretario de Estado Colin Powell habló del “inquebrantable compromiso de EE.UU. por promover internacionalmente los derechos humanos admitidos en todo el mundo, su propio país violó los principios fundamentales del derecho internacional respetado en todo el mundo: el jueves pasado, en el estado de Oklahoma, se ejecutó a Scott Hain, un joven que había cometido un doble asesinato cuando tenía 17 años. No importó que la pena de muerte contra menores de 18 años en el momento del delito esté prohibida por el derecho internacional (en particular, por los Convenios de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de los Derechos de los condenados a Pena de Muerte). Desde 1990, la única superpotencia del mundo ha ejecutado a 18 menores, frente a las 14 ejecuciones de este tipo documentadas hasta ahora en todo el resto del planeta.
Los medios muestran el horror de la primera guerra del siglo XXI y con ello más acuerdos internacionales se corroen con sangre. La simulación de la condición de civil por soldados iraquíes disfrazados, con el fin de realizar un ataque contra soldados enemigos, es manifiestamente ilegal y aumenta el riesgo real de que esta política afecte a civiles inocentes. La violación de las normas mundiales que protegen a las víctimas de conflictos armados internacionales no parece ser una prioridad en la agenda del gobierno iraquí, que por intermedio de su vicepresidente, Taha Yassin Ramadan, manifestó que emplearán “cualquier medio para matar a nuestro enemigo en nuestra tierra, y seguiremos al enemigo hasta su tierra”.
¿Podrá el mundo sostener el consenso global logrado tras los horrores perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial? Las naciones adoptaron la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) en julio de 2002 para no dejar impunes los crímenes contra la humanidad. Y ello fue posible luego de más de 50 años de formación del derecho internacional con una multiplicidad de pactos y tratados, y del aporte jurídico de muchos de lospaíses mencionados en este artículo. Y ello, por mal que le pese al propio Estados Unidos quien atentó contra el fundamento del TPI al forzar una vía que le permita garantizar la impunidad para los delitos contra la humanidad y crímenes de guerra que cometan sus tropas.
El esfuerzo por construir la paz mediante principios normativos comunes se desploma con cada fogonazo que vemos por los medios. Y eso, en este siglo de Internet y globalización es patéticamente irónico. Pero cuidado, la globalización no es sólo económica, sino también cultural y de derechos humanos. Nunca antes los pueblos habían hecho sentir en simultáneo su oposición a la guerra y sus consecuencias. Cuando la protesta también es global, la idea de un mundo unipolar puede resultar un arma de doble filo para sus promotores.

* Sergio Sorin es periodista y presidente de Amnesty International Argentina.