[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Sutilmente, el presidente de Haití, Michel Martelly, dio a entender ayer que no vería con buenos ojos un juicio por crímenes de lesa humanidad contra la dictadura de Jean-Claude Duvalier (1971-1986). Como suele ocurrir en estos casos, el mandatario habló de reconciliación nacional y de poner los esfuerzos en construir a futuro. Sus dichos desde el Foro Económico Mundial de Davos provocaron la inmediata respuesta de veinte asociaciones de derechos humanos, que hicieron circular una carta abierta al presidente, repudiando la impunidad. “Es responsabilidad del Estado tomar todas las disposiciones para establecer los hechos relacionados con los crímenes cometidos bajo la presidencia de Duvalier”, afirma la misiva firmada por asociaciones como Colectivo contra la Impunidad, el Centro Ecuménico y la Red Nacional de Derechos Humanos, y activistas como Michele Montas y George Jean-Charles.

Martelly había dicho que respetaría la independencia del juez que debe resolver en los próximos días si Duvalier será juzgado por corrupción y violaciones de los derechos humanos. Exiliado en 1986, tras la revuelta que depuso su régimen, Baby Doc regresó a Haití el 16 de enero de 2011.

“Mi pensamiento es crear una situación en la que unimos a todos y creamos la paz y perdonamos a las personas: no olvidar el pasado, porque debemos aprender de él, sino sobre todo pensar en el futuro”, fueron las palabras del presidente. “No podemos olvidar a los que sufrieron en esa época, pero creo realmente que necesitamos la reconciliación en Haití”, dijo intentando alivianar las responsabilidades que le caben al ex represor.

Desde su regreso al país, familiares de las víctimas de su régimen presentaron una veintena de demandas en su contra; sin embargo, aún no se inició juicio alguno. A Duvalier, que sustituyó en 1971 a su padre, el también dictador François Duvalier, se le atribuye la muerte de miles de personas, violaciones de los derechos humanos, corrupción, asociación de delincuentes y malversación de entre 300 y 800 millones de dólares.

“Estimamos de primera importancia que la nación sea informada sobre los avances de la acción pública contra el ex dictador, llegado tras 25 años al país que él mismo devastó”, señala el documento.

El texto reclama además mayor compromiso del Estado haitiano ante supuestas señales de impunidad hacia Duvalier. “Las instancias estatales no pueden jugar a ser Poncio Pilatos, el rol del Ejecutivo y del Parlamento es velar porque la justicia y la verdad sean hechas”, indica la carta. Los autores de la misiva consideraron que los abusos cometidos durante el régimen de Duvalier constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles y los tribunales haitianos tienen competencia para juzgarlos. En la misiva recuerdan que Haití suscribe a los tratados penales internacionales, los cuales dan imprescriptibilidad a este tipo de crímenes. Los activistas haitianos criticaron igualmente los encuentros sostenidos por Martelly con el ex represor, entre ellos el saludo que cruzaron durante la conmemoración por el terremoto el 12 de enero pasado.

Por su parte, los abogados de Duvalier dijeron que los juzgados locales no tienen potestad para incriminarlo, ya que consideran prescriptos los crímenes, por haber ocurrido hace más de 20 años.