La agrupación armada nacionalista vasca ETA está preparada para dialogar, afirmaron expertos internacionales que mantuvieron contactos directos con la organización armada independentista vasca. Así se desprende de las conclusiones publicadas ayer por la Comisión Internacional de Verificación (CIV), un grupo de mediación no reconocido por el gobierno de Rajoy. Creada en septiembre para comprobar el alto el fuego decretado por la organización, la CIV realizó esta semana una visita de dos días a Bilbao.

“Mediante contactos directos con ETA, la CIV ha recibido un mensaje de la organización en el que comunica que está preparada para dialogar sobre una serie de asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso”, afirmaron los expertos en el comunicado. Estas declaraciones tienen lugar después de que el gobierno conservador español, que se niega a negociar con la organización, anunciase el 26 abril un plan destinado a facilitar la reinserción, bajo condiciones, de “condenados por delitos de terrorismo”, incluidos los miembros de ETA.

Responsable de la muerte de 829 personas en más de cuarenta años de atentados por la independencia del País Vasco, ETA anunció el 20 de octubre “el cese definitivo de su actividad armada”. El gobierno español exige que el cese del fuego anunciado en octubre por ETA dé paso a la disolución de la agrupación. La organización, que desde agosto de 2009 no comete atentados en territorio español, no ha evocado sin embargo la posibilidad de una disolución.

En una entrevista al diario independentista vasco Gara en noviembre, dos responsables de ETA anunciaron su disposición a negociar una entrega de las armas a condición de que este proceso fuese acompañado de “la vuelta a casa de todos los presos y presas vascos”. ETA tiene a unos 700 de sus miembros diseminados por las cárceles de España y Francia.

La CIV, que surgió en septiembre de 2011 y es una creación conjunta del independentismo radical de izquierda vasca –la “izquierda abertzale”– y el abogado sudafricano Brian Currin, incluye expertos en procesos de paz y seguridad de varias partes del mundo. Está formada por el ex ministro sudafricano de Inteligencia Ronnie Kasrils, el ex secretario general de Interpol Ray Kendall, el ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte en el Reino Unido Chris Maccabe, el ex asesor del proceso de paz en Sri Lanka Ram Manikkalingam y el general indio Satish Nambiar.

En su visita se reunió con numerosos agentes políticos y sociales vascos, incluyendo dirigentes del socialismo (que gobierna a nivel local), la izquierda y el nacionalismo vasco, pero no con miembros del Partido Popular del presidente Rajoy. También mantuvo encuentros con sindicatos, gremios patronales y la Iglesia Católica. “La CIV ha podido constatar que ETA continúa respetando sus compromisos con el fin de la violencia”, precisaron los expertos.

El grupo oficioso de mediadores confirma que ETA renunció a la violencia en forma definitiva y que no volverá a cometer atentados en su lucha por independizar al País Vasco del resto de España. “El cese definitivo va en serio”, aseguró el portavoz de CIV, Ram Manikkalingam, en declaraciones a la televisión vasca ETB.

El anuncio fue recibido con frialdad por el gobierno español que lidera el conservador Mariano Rajoy, que insistió con su postura de que sólo aceptará que la organización se disuelva sin condiciones. “El gobierno no necesita de verificadores internacionales para comprobar si ETA se disuelve”, manifestó el Ministerio del Interior español en un breve comunicado. “Con la Guardia Civil y la policía se ha derrotado a ETA y con ellas es suficiente para verificar una eventual disolución de la organización terrorista”, agregó.

ETA había adoptado en octubre “el compromiso de colaborar con la Comisión Internacional de Verificación”, al tiempo que llamaba a los gobiernos de España y Francia a reconocer a este grupo de expertos internacionales. El gobierno español mantiene la postura de sus antecesores de rechazar la verificación internacional, asegurando que la comprobación del alto el fuego de ETA sólo puede ser llevada a cabo por la policía. “La política antiterrorista que tiene este gobierno es muy clara. Este gobierno no va a negociar con los terroristas”, afirmó el viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría antes de conocerse las declaraciones de la CIV.