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En momentos en que nuestro país padece el embate de la ambición política camionera, para decirlo de algún modo, pareciera que la crisis que acaba de explotar en el Paraguay, o sea aquí al lado, no tiene mayor importancia.

Y no es así. Porque igual que desde hace casi treinta años con todas las democracias sudamericanas, lo que sucede en cada país hermano nos está sucediendo también a nosotros.

Aún tímidamente, y no sin contradicciones y retrocesos, el gobierno de Fernando Lugo viene significando un cambio más que interesante para el pueblo paraguayo, sometido por décadas a dictaduras atroces y a una violencia contumaz. Y acaso por eso mismo, por los pocos y tímidos cambios que ha realizado, es que se lo quiere derrocar. Como aquí, se busca abatir al gobierno democrático por sus virtudes, no por sus defectos.

Es inusualmente grave la crisis política que se vive en estas horas en Asunción. El Parlamento paraguayo está plagado de personajes de dudosas capacidades y casi nulas virtudes, conjurados ahora en un ridículo juicio político al presidente Lugo.

Paradójicamente, lo enjuicia uno de los poderes más deslegitimados de ese país (el otro es la Justicia), que en realidad intenta abortar el proceso democratizador iniciado en abril de 2008. Popularmente desprestigiado, el Parlamento guaraní no fue capaz de llevar adelante el juicio político a los ministros de la Corte Suprema, pero sí se atreve con Lugo, acusándolo absurdamente de ser causante y/o responsable de la reciente matanza en Curuguaty, una estancia del interior del país. Ese Parlamento se ha dedicado a recortar las ayudas sociales; rechazó el desbloqueo de las listas sábanas; obstaculizó la democratización de tierras fiscales; frenó la aplicación del Impuesto a la Renta Personal, y viene impidiendo los controles al uso de agrotóxicos en el campo.

La matanza de campesinos y policías en Curuguaty hace una semana, aún no esclarecida, pero que de ninguna manera puede atribuirse a Lugo, es parte de la estrategia de los terratenientes paraguayos que se empeñan en impedir una mejor distribución de las tierras y las riquezas.

Es difícil saber cuál será la salida a la crisis, pero es cuestión de horas, toda vez que a Lugo los parlamentarios le han dado apenas 24 para organizar su defensa. La cual ha asumido en una actitud valiente, pero que parece más romántica que eficaz. De ahí que algunos sectores democráticos propongan la urgente realización de un referéndum, para lo cual están llamando a que el pueblo se movilice y tome las calles para defender la democracia.

Los golpistas del vecino país operan igual que nuestros destituyentes y también buscan modos de legitimarse apelando a mecanismos democráticos como, en este caso, el juicio político al presidente.

Ya saldrán los que se escandalizan por el vocablo: que cómo hablar de golpe, que eso es exagerar... Pero igual que aquí en 2009, y en cierto modo como ahora mismo si la Argentina quedara cautiva de los camiones parados, los golpistas nunca llaman golpe a lo que hacen, pero el procedimiento es siempre el mismo: saben que les será imposible llegar al poder por vías democráticas, o sea mediante elecciones, y entonces esmerilan, fragotean en las sombras, desacreditan las instituciones republicanas y se acurrucan al amparo de los grandes medios de prensa, que siempre están del peor lado de la política.

Ante semejante cuadro de situación, el gobierno argentino debería ponerse a la cabeza de la comunidad internacional para, sin desatender la crisis camionera local, defender a como dé lugar la todavía frágil democracia paraguaya. Y no sólo por solidaridad, sino también por autodefensa.

Y es que si esto que sucede del otro lado del río que yo miro todos los días no es un golpe de Estado, entonces, por favor, que me digan qué es un golpe. Porque a las cosas por su nombre, allá como aquí, que con los antidemocráticos nostálgicos de dictaduras y neoliberalismos feroces, y con los tontos suicidas que abundan tanto no se juega.