Por más que el gremio de los Camioneros terminó por acordar ayer un aumento salarial del 25,5 por ciento y levantó el bloqueo que impedía el abastecimiento de combustible, las denuncias penales contra Hugo y Pablo Moyano, presentadas por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, así como la que apunta a las empresas de transporte, realizada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, siguen su ruta. Al margen del mensaje político de las presentaciones judiciales, si las medidas de acción directa desplegadas implicaron algún delito es algo que tendrán que definir el juez Sergio Torres, en el caso de los Moyano, y el juez Julián Ercolini, en el caso de los empresarios, en particular de Luis Morales, titular de la Federación Argentina de Entidades de Empresarios del Autotransporte de Cargas (Fedeeac). La respuesta del líder de la CGT al embate en tribunales fue el anuncio de un nuevo paro para el miércoles próximo.

Como Randazzo, acompañado por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, además de hacer la denuncia en tribunales la ratificó enseguida, el juez Torres ya puede dar los primeros pasos formales. Por lo pronto, mañana le girará el caso al fiscal Gerardo Di Masi para que evalúe si hay suficientes razones para tramitar el expediente. La acusación contra los Moyano y todos los directivos de Camioneros que pudieran tener responsabilidad es por tres delitos: el más grave (con penas de cinco a diez años de prisión) es el de coacción agravada, que implica dirigir amenazas para obtener alguna concesión de parte de los poderes públicos; también fue incluido el delito de amenazas destinadas a alarmar o amedrentar a una o más personas; y el tercero es el entorpecimiento de servicios públicos, a través de “una situación de peligro común” que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

La denuncia lleva anexas las actas del Ministerio de Trabajo que reflejan que la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de esa cartera había dado por comenzado la semana pasada un período de conciliación obligatoria de quince días, que los Camioneros se negaron a acatar. Precisa que el último convenio colectivo rige hasta el 30 de junio. Recuerda que, ante la intimación para que abandonaran las medidas de fuerza, la respuesta fue el paro y el bloqueo a las destilerías, que llevó a que “en horas de la tarde del 20 de junio resultara ostensible el faltante de combustibles”, lo que a la vez afectó “la provisión de garrafas y aerocombustibles”. Las consecuencias de paralizar el transporte –advierte el texto– recaerían sobre los “derechos más elementales (la vida, la salud y el derecho a la alimentación)”, dice. Uno de los ejemplos que proporcionó el Ministerio del Interior fue el del hospital de Guaminí, que se quedó sin gas.

Un aspecto de las amenazas alude a aquellas dirigidas “al personal de las plantas de refinación cuyas salidas han bloqueado con camiones” para “obligarlo” a “sumarse a las medidas de acción directa”. El escrito afirma: “Estamos frente a un ejercicio abusivo del derecho de huelga (...) estas medidas son empleadas con el propósito de ejercer compulsión en el Ministerio de Trabajo”. Agrega que, además del reclamo salarial, el gremio de los Camioneros “pretende conseguir que los órganos gubernamentales competentes dispongan modificaciones a los regímenes normativos aplicables al Impuesto a las Ganancias y a las Asignaciones Familiares”, cuestión en la que ayer insistió Moyano.

El juez Torres tiene por lo menos un antecedente de haber aplicado la figura de la coacción agravada, en el caso de Luis D’Elía, en la toma de la comisaría de La Boca en reclamo por el asesinato del dirigente Martín Cisneros.

De Vido se ocupó de la pata patronal y enfocó los cuestionamientos judiciales en Morales, el titular de Fedeeac. El planteo fue que hubo funcionarios del gobierno nacional que habían acordado con él que se garantizaría la provisión de combustibles el 20 de junio. Sin embargo, según la versión que ofreció el ministro a la Justicia, a Morales lo llamaron por teléfono durante horas para coordinar las acciones, pero nunca atendió. Después de haber sido denunciado penalmente, Morales anunció ayer el acuerdo salarial, negó haber hecho “un lockout empresario” y sostuvo que “los empresarios son los que pierden plata con los camiones parados”. Afirmó, además, que durante el miércoles había hablado por teléfono con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el subsecretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta. La cartera de Planificación interpreta que violó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (sancionada el mes pasado), que declaró de interés público nacional la industria del petróleo y del gas. Precisamente, indica, hubo entorpecimiento del transporte. El juez Ercolini citará al ministro o al subsecretario legal Rafael Llorens a ratificar la denuncia y luego le solicitará que opine al fiscal Ramiro González.