El paro de transporte de combustibles iniciado el miércoles por Camioneros se levantó ayer luego de que se resolviera la paritaria del gremio, en medio de múltiples repercusiones negativas, por lo que el abastecimiento para el fin de semana está garantizado, según aseguraban en la Casa Rosada. No obstante, Hugo Moyano volvió a criticar al gobierno nacional, al que comparó con “una dictadura militar”, y ratificó la convocatoria a un paro nacional, por el Impuesto a las Ganancias y las asignaciones familiares, para el miércoles próximo, con movilización a la Plaza de Mayo. La medida fue rechazada por el Partido Justicialista y prácticamente todos los gobernadores peronistas expresaron su respaldo a la presidenta Cristina Kirchner. También la CTA de Hugo Yasky y los sindicatos de la CGT no alineados con Moyano adelantaron que no adherirán a la huelga.

En tanto, la denuncia que realizó el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, contra el titular de la central obrera, junto a su hijo Pablo, secretario adjunto de Camioneros, por “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos” durante el “ejercicio abusivo del derecho de huelga” ya cursa su trámite en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres. Mientras, el ministro de Planificación, Julio De Vido, inició acciones legales contra el titular de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Luis Morales, por la presunta violación de la flamante Ley de Soberanía Hidrocarburífera.

La denuncia contra los Moyano la hizo Randazzo, quien en compañía de la procuradora del Tesoro de la Nación, Florencia Abbona, se presentó durante el mediodía de ayer en los tribunales de Comodoro Py para ratificar el escrito que había firmado la noche anterior, tal como anticipó Página/12. Ahora está en manos del juez Torres, que hoy mismo daría los primeros pasos al pasarle el expediente al fiscal Gerardo Di Masi para que impulse la investigación.

En el escrito, el Gobierno sostiene que, además del reclamo salarial, el gremio de Camioneros “pretende conseguir que los órganos gubernamentales competentes dispongan modificaciones a los regímenes normativos aplicables al Impuesto a las Ganancias y a las Asignaciones Familiares”, por lo que se trataría de “un ejercicio abusivo del derecho de huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico” que se utiliza “con el claro propósito de ejercer compulsión en miras de obtener concesiones de la contraparte empresaria y de los poderes públicos.” Los artículos invocados por la denuncia son el 149 bis y 194 del Código Penal, ya que la medida de fuerza “ha impedido el normal desarrollo de los servicios de transporte con su natural implicancia negativa para el desenvolvimiento de la actividad económica general del país”, que afecta “no sólo la actividad económica, sino también la atención de necesidades primarias de la población, vinculadas con los derechos más elementales”

Pero la novedad fue otra presentación legal. La hizo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contra el titular de Fadeeac, a quien se acusa de infrigir la Ley 26.741, que declara “de interés público” todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos. Un día antes, el santacruceño había acusado a las patronales de colaborar con el paro de Camioneros, al que calificó como un lockout. Esta denuncia quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González (ver página 6).

Cambio de planes

“Parece que estuviéramos en una dictadura militar, no se puede reclamar, hacer protestas, ejercer el derecho de huelga”, disparó Moyano en una conferencia de prensa en la sede de Camioneros. Moyano padre había convocado a un paro del sindicato desde el estudio de TN. Ayer, el gremio y la cámara empresaria alcanzaron un acuerdo que contempla una mejora salarial escalonada por un total del 25,5 por ciento, por lo que se levantó la medida y también el paro de transporte de combustible que desató el conflicto.

Luego del repentino desenlace, Moyano cambió de enfoque. Sostuvo que el acuerdo salarial de los camioneros pasaba a ser secundario porque “no sirve absolutamente de nada si no se aumenta el mínimo no imponible”. Entonces convocó a un paro nacional para el miércoles próximo por el Impuesto a las Ganancias y la actualización de las asignaciones familiares con movilización a la Plaza de Mayo. Además, buscó sumar a “todos aquellos que se vean perjudicados” por esas dos medidas. El camionero le pidió a la Presidenta que “deje de lado la soberbia” y tildó a sus ministros de “mitómanos” por el manejo que han hecho de este reclamo. “Los salarios de los trabajadores camioneros han pasado a segundo plano”, transparentó Moyano, convocando a la medida de fuerza del miércoles que viene.

Por la tarde, en la sede de la CGT, participó de una reunión con las organizaciones que aún lo acompañan hacia el interior de la central obrera. Allí, recibió un apoyo “menguado”, según describieron los asistentes, pero que le alcanzó para confirmar el paro con movilización para el miércoles que viene, al igual que el envío al Congreso de dos proyectos de ley para intentar aprobar por vía parlamentaria sus reclamos al Poder Ejecutivo. Sin embargo, varios gremios importantes, como la UOM y la Unión Ferroviaria, ya anunciaron que no adhieren a estas decisiones, que sí despertaron algún entusiasmo en la oposición parlamentaria, que ya pidió una sesión extraordinaria para tratar la semana próxima las iniciativas de Moyano.

En cambio, el Partido Justicialista (al que Moyano renunció a fines del año pasado) se encolumnó detrás de la Presidenta. A través de la Comisión de Acción Política (CAP), creada hace dos meses para conducir estratégicamente el PJ hasta que se elijan nuevas autoridades, el peronismo calificó el paro de la semana próxima como “injusto y desproporcionado para un gobierno que promovió la generación de puestos de trabajo”. El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el gobernador chaqueño y vice pejotista, Jorge Capitanich, fueron los encargados de sentar la postura, que luego fue acompañada por la mayoría de los gobernadores oficialistas y también por la Federación Argentina de Municipios.

“Ninguna medida sectorial tiene que afectar al conjunto de los argentinos”, sostuvo Rossi, quien dijo esperar que “esto de desabastecer a los argentinos no se vuelva a repetir”. Por su parte, Capitanich aseguró que “independientemente de las connotaciones políticas de la medida, es una medida perjudicial” y que “ha sido una medida marcadamente desproporcionada”. El gobernador Daniel Scioli, quien estos días fue criticado por su reciente acercamiento a Moyano, no participó de la decisión por no pertenecer a la CAP, y ayer, al regresar al país después de una licencia, evitó hacer declaraciones respecto del conflicto desatado por Camioneros.