La Audiencia Nacional de España imputó ayer al ex presidente del Bankia, Rodrigo Rato, y a otros ex altos cargos de la entidad financiera intervenida por el gobierno. Entre otros delitos, se los acusa de falsificación de cuentas, administración desleal y apropiación indebida. Se trata de la primera causa judicial contra directivos del sistema financiero español por su responsabilidad en la gestión de una crisis que tuvo como consecuencia la transferencia de una gran cantidad de recursos públicos a la banca y cuyo costo el gobierno español está haciendo pagar a los ciudadanos con duros recortes.

El juez de instrucción Fernando Andreu aceptó la demanda presentada por la Fiscalía Anticorrupción y el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 ex responsables y consejeros de Bankia, entre los que se encuentra Rato, ex ministro de Economía de José María Aznar y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI). “La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que Bankia solicitó la suma de 19 mil millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento”, dijo el titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional en su resolución. Y añadió que la quiebra de Bankia podría desestabilizar todo el sistema financiero del país, detallando que 23.465 millones de euros sería el costo total del saneamiento y capitalización del grupo, hecho que para el magistrado supone un grave perjuicio para la economía española.