Un oficial del ejército de Estados Unidos, que representa a uno de los más notorios prisioneros de Guantánamo, habló contra la naturaleza secreta del sistema de las comisiones militares, insistiendo en que puede convertirse en algo como un “juego-show” para ejecutar a los sospechosos, negándoles a ellos y al pueblo estadounidense el derecho a un juicio justo. El capitán Jason Wright fue nombrado por el ejército para representar a Khalid Sheik Mohammed, quien está acusado junto con otros cuatro de conspirar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, el oficial reveló a The Independent que un montón de evidencia vital –incluyendo los tres años y medio que su cliente estuvo en los sitios “negros” de la CIA– ha sido considerada como clasificada.

Sólo a través de un pedido de Freedom of Information (Libertad de Información) los archivos redactados fueron dados a conocer mostrando que Mohammed había sido sometido a interrogatorios con el método del submarino 183 veces, mantenido despierto durante siete días seguidos y se había amenazado a su familia. Los abogados de la defensa tienen prohibido pasar documentos confidenciales a sus clientes o aun discutir ciertos temas; la financiación está severamente restringida y los pedidos de consejos adicionales o de expertos, negados. Mientras el acusado se enfrenta a la pena de muerte si es sentenciado, es probable que estén detenidos indefinidamente aun si son sobreseídos, una situación que el capitán Wright comparó con la tortura.

“Esto no es un juicio. Es un intento de legitimar una amenaza de muerte”, dijo. “Nunca puede ser justo el llevar a un hombre al borde de la muerte 183 veces con el submarino y luego hacerlo una última 184ª vez –pero esta vez tendrá una total autorización del Estado. La verdad es que la tortura niega la justicia. Si uno cree que Estados Unidos es mejor que eso, entonces esto es una lucha por el alma de Estados Unidos. Estoy preocupado por que este haya sido un juego-show para tratar de encontrar la mejor manera para juzgar y ejecutar a estos hombres. Estoy profundamente preocupado por la perspectiva de que teóricamente si alguien es juzgado y sobreseído, el gobierno de Estados Unidos tenga la autoridad para continuar deteniendo a esa persona indefinidamente.”

El oficial, quien previamente pasó 15 meses como asesor legal en el norte de Irak, continuó: “Creo que un montón de estadounidenses están horrorizados por el hecho de que Guantánamo todavía esté abierta. Nadie niega que el 11 de septiembre fue horrible, pero hay mucha gente en Medio Oriente que se ha sentido agraviada por los efectos de colonialismo y neocolonialismo. Hubo un ciclo de tragedia y trauma y ahora podemos añadir la tortura. Creo que es hora de que la hipérbole de la guerra contra el terror termine para todas las partes, para seguir tanto la redención como el redescubrimiento. Es mi esperanza que este caso brinde una oportunidad para ese proceso. Pero para que eso suceda, debe considerarse justo y legítimo, no sólo para Estados Unidos sino para el resto del mundo”. A pesar de la promesa del presidente Obama de cerrar la notoria cárcel en Cuba, 167 internos –todos musulmanes– permanecen de los 800 originales que fueron llevados después de que miles de dólares en recompensa fueron ofrecidos para aquellos que los entregaban. De aquellos todavía encarcelados, la mitad ha sido absuelta pero no liberada.

El capitán Wright dijo que la ley reformada de los comisiones militares, implantada después de que el Congreso negó los intentos del presidente de que los juicios se hicieran dentro del sistema legal estadounidense, no se atiene a ninguna Convención de Ginebra, permitiendo que la evidencia se obtenga bajo presión. Dijo que la situación “estaba deplorablemente lejos de los niveles de cualquier corte normal en Estados Unidos”.

Junto con los representantes de los otros cuatro detenidos, él debe volver a la corte la semana que viene para pedir autorización para entregarle un documento a su cliente en forma confidencial. Hace dos años, el comandante de las fuerzas conjuntas en Guantánamo ordenó que todos los papeles debían pasar por un equipo de investigación. “Todos los abogados defensores se han negado a cumplir con esta orden. Desde diciembre, no hemos podido compartir ningún documento confidencial con nuestros clientes”, dijo el abogado defensor. “Viola nuestro deber de la confidencialidad del cliente y nuestro deber de debida diligencia para representar a nuestros clientes.”

A los abogados se les prohíbe discutir ciertos temas –aun el término “jihad” que está incluido en la acusación–. El gobierno de Estados Unidos argumentó que como Mohammed era un detenido de alto valor estuvo expuesto a información clasificada de la CIA y, por lo tanto, es poseedor de información clasificada. De manera que: “Porque nosotros lo torturamos, usted no puede hablar”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.