Un informe de la Gerencia de Análisis de Operaciones Especiales del Banco Central (BCRA) acerca de la ruta de los fondos públicos destinados a viviendas sociales que manejaron Sergio y Pablo Schoklender revela que 298.184.804 pesos tuvieron rumbo desconocido al salir de las cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. También confirma que, en otros casos en los que sí fueron identificados los destinatarios del presunto desvío, el dinero apareció en cifras millonarias en cuentas de los propios Schoklender, así como en las de empresas que habrían sido usadas como pantalla –que no ofrecían contraprestación alguna vinculada con las obras–, y en ciertos casos fue recibido por una decena de empresas del sector agropecuario, que se sospecha que les cambiaban cheques, ya que gozan de beneficios impositivos.

El documento del BCRA, ya entregado al juez Norberto Oyarbide, y al que accedió Página/12, refuerza la teoría del presunto desvío de fondos públicos por la que ya fueron indagados los Schoklender y varias personas de su entorno. Enumera que entre 2009 y 2011 fueron depositados 11.203.760 pesos en una cuenta de Pablo Schoklender, 1.900.000 pesos en una de Sergio y 890.000 en una cuenta del contador Alejandro Gotkin. El dinero siempre provenía de cuentas donde la fundación recibía los aportes estatales. También figuran como otros receptores de los fondos las empresas Meldorek (de la que Schoklender fue identificado como dueño mayoritario), con 3.342.367 pesos, y Antártica Argentina (presidida por Gotkin), con 2.922.900 pesos.

Los datos están volcados en un cuadro, encabezado por los 298 millones de pesos que, dice, fueron dirigidos hacia beneficiarios “sin identificar”. Allegados a la investigación explicaron que se trataría de cheques cobrados por ventanilla, lo que impide seguirles el rastro. Es un monto aun más alto que el pagado en “haberes” (253.759.138 pesos). Junto con el pago de salarios, la mayoría de las operaciones descriptas son “pagos con cheques” y “transferencias”. En el caso de las empresas agropecuarias no sólo es llamativo que la fundación, a través de sus ex apoderados, les derivaba cheques, sino los montos involucrados. A Cabaña Agropecuaria Zonda llegan algo más de 50 millones de pesos; a Agropecuaria Monte León, cerca de 25 millones, Junín Cereales recibe 8,7 millones. Mientras que ninguna de las firmas agrarias restantes recibe menos de 900 mil pesos. Todo indica que se buscó operar con esas empresas porque gozan de bonificaciones en el impuesto al cheque y en las transferencias bancarias.

El informe del BCRA dice que la “mayoría de los ingresos registrados en las cuentas de la Fundación Madres provinieron de entes y organismos dependientes de la administración pública” y “sólo el 8,91 por ciento” provino de personas ajenas al ámbito estatal. El total ingresado en tres años suma 1.126.176.981 pesos y, si bien una porción importante proviene del Ministerio de Infraestructura, hay una gran lista de municipios y provincias que aportan para construir viviendas sociales (como el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el de Santiago del Estero, el gobierno chaqueño, la Municipalidad de Tigre y la de Almirante Brown, entre otras). Casi el 63 por ciento de los ingresos se hicieron a través del Banco Provincia.

Tanto Pablo como Sergio Schoklender ofrecieron al ser inadagados una explicación similar, según la cual los fondos públicos eran recibidos por las Madres una vez avanzada la construcción. Pero en el ínterin había que pagar salarios y gastos, lo que provocaba un desfasaje financiero que los obligaba a salir a “tomar crédito” (en palabras de Sergio) o reasignar dinero que iban recibiendo de ciertas jurisdicciones para obras en otro lado. Pablo añadió que cuando ingresó a la fundación encontró que los bancos habían cerrado cuentas de las Madres y por eso él ofreció operar a través de sus cuentas. Un aspecto que les juega a favor es que según la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación buena parte de las obras se habrían realizado. De todos modos, para el juzgado existe una diferencia que implicaría un desvío de fondos que podría superar los 250 millones.

“Lo que es seguro es que nunca se pagaron aportes jubilatorios, obra social, ART, hay deudas con proveedores y Sergio ni siquiera pagó la patente de la máquina que se usa para hacer los paneles móviles que se usaron para las casas”, dijo Eduardo Fachal, abogado de la querella de las Madres. Mientras, el juez Oyarbide continúa tomando indagatorias. A los imputados –más de 30– les viene señalando cargos por asociación ilícita, lavado de dinero y malversación. En uno o dos meses resolvería si los procesa.