Cerca de cinco mil personas marcharon en Santiago para recordar a las víctimas de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, quien interrumpió el orden constitucional de Chile, durante 17 años, tras el golpe contra el gobierno del presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. La protesta finalizó con ocho detenidos. “A pesar de la tristeza que tiene el recordar 39 años desde el golpe de Estado y lo que significó para nuestro pueblo y nuestros familiares, ¡cómo no sentir satisfacción de que seamos un pueblo que tiene memoria y conciencia!”, exclamó la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, aludiendo a la multitudinaria marcha. Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez manifestó que cada día está más contento de que la gente guarde en su memoria a Salvador Allende y a todos los que fueron víctimas de la violencia genocida de un dictador.

En tanto, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, hizo un llamado para que el gobierno de Sebastián Piñera dirija “un país donde la gente los eligió no para reprimir, no para invisibilizar los derechos humanos, sino para terminar con la impunidad y avanzar en verdad y justicia”. “Hoy, a 39 años del golpe fascista, nos reunimos una vez más en nuestro Memorial, donde renovamos nuestro compromiso de conquistar un Chile justo como soñaron nuestras víctimas de ayer y hoy”, dijo Pizarro.

Los manifestantes partieron desde la plaza Los Héroes, en el centro de Santiago, con pancartas, banderas chilenas y del Partido Comunista (PC), cantando y bailando, para terminar en el cementerio general, donde se erige el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, que recuerda a las víctimas del régimen militar. La protesta también recuerda el suicidio del ex presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, durante un bombardeo al Palacio de La Moneda, en medio del golpe militar.

Otro nombre que fue reiteradamente mencionado en la manifestación fue el del reconocido cantautor chileno Víctor Jara, detenido el día en que se produjo el golpe militar y asesinado cuatro días después. “Estos actos me dan esperanza para hacer una campaña para buscar justicia para Víctor, queremos que él sea punta de lanza para que se ponga fin a la impunidad de los asesinos”, dijo Joan Jara, viuda del artista. La marcha, que homenajeó a los presos, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado chileno, dio comienzo a las actividades en conmemoración al golpe de Estado, que continuarán mañana con una visita al monumento de Allende ubicado frente a La Moneda y una concentración con velas encendidas fuera del Estadio Nacional de Chile, emblemático centro de torturas.

En el cierre del acto, efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros se enfrentaron con manifestantes en cercanías del cementerio general. Los hechos se produjeron luego de que la manifestación se desarrollara en forma pacífica, cuando cerca de cincuenta encapuchados comenzaron a armar barricadas, que prendieron fuego, ocupando semáforos, señalética pública y carteles de propaganda electoral en la entrada del cementerio municipal. El accionar de los encapuchados desató la reacción de los uniformados, quienes comenzaron a enfrentarse con los manifestantes, utilizando carros lanzaagua y gases. Asimismo, según precisó el portal del diario El Mercurio, los manifestantes atacaron a integrantes de la prensa que se encontraban cubriendo la manifestación, lanzándoles proyectiles.

La dictadura de Pinochet dejó 3200 muertos y fueron 28.459 los presos políticos, según datos oficiales. El dictador fue perseguido por la Justicia, que lo mantuvo bajo arresto domiciliario por dos casos de violaciones a los derechos humanos, pero murió el 10 de diciembre de 2010 sin recibir ninguna sentencia. Un total de 76 agentes de la dictadura fueron condenados hasta mayo pasado por violaciones a los derechos humanos, y 67 de ellos fueron encarcelados, según un reciente estudio de la privada Universidad Diego Portales. Los tribunales chilenos mantienen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones que datan del período dictatorial y que involucran a unos 700 militares y agentes civiles.