Juan José Luis Gil es ex agente secreto del Ejército. Creó una cuenta de correo de Yahoo desde un cibercafé de la ciudad santafesina de Reconquista. Y en 2009, mediante esa cuenta operada varias veces desde su casa, amenazó con “ejecutar” a víctimas de la dictadura de la ciudad, a un fiscal y a un juez que investigaban las causas. A comienzos de julio de este año empezó el juicio oral, cuya sentencia se espera para el día de hoy. Es el primer juicio en el país por amenazas producidas en el marco de estas causas. Para la fiscalía y las querellas, las amenazas estaban destinadas a amedrentar a los testigos. Consideraron “perfectamente” probado el vínculo de Gil con el envío de los correos que firmó con el nombre de una supuesta organización secreta, La Hermandad. Los diferentes acusadores pidieron 8, 12 y 13 años de prisión por “amenazas y coacción agravada”. Y la querella le pidió al Tribunal no sólo que impulsara la apertura de una causa por su presunta participación en delitos de lesa humanidad, porque Gil hasta ahora no fue denunciado en esas causas. Sino también que deje por escrito en la sentencia que las amenazas se cometieron para atemorizar y frenar el avance de las causas.

“Vamos a estar frente al tribunal y, así como lo dijimos el primer día, esperamos que sea un claro día de justicia’”, dice Raúl Borsatti, ex preso político, uno de los amenazados e integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, impulsora de esta denuncia y de los juicios. “Esperamos que el fallo sirva para que estos hechos de impunidad no se produzcan más, pero además para que no haya intimidaciones, sobre todo sobre aquellos que tienen que declarar en las causas centrales que todavía están pendientes.”

Gil tiene un largo historial. Fue personal de Inteligencia Civil del Ejército. En democracia se recicló como docente. Perteneció a la Guardia Rural Los Pumas, un grupo policial creado en los ’60 e investigado en las causas de lesa humanidad. La Guardia Rural se creó originalmente para combatir el abigeato, pero en los hechos controló y reprimió las actividades políticas, entre las que Borsatti recuerda las luchas obreras de 1975 en Villa Constitución a partir de un cable de la Agencia Clandestina de Noticias (Ancla), que menciona su presencia. Gil no apareció en las causas vinculadas con la dictadura hasta que su nombre quedó al descubierto en la desclasificación de los ex agentes del PCI del Ejército. Borsatti lo incluyó en ese momento en un libro. Y eso impactó en el gremio docente, desde donde se lo venía denunciando entre otros temas por abuso de poder sobre los alumnos y discriminación a las mujeres, a la que además les tomaba fotos. Lo cesantearon a partir de las denuncias.

Las amenazas vía correo electrónico empezaron cuando comenzaban las detenciones a los represores por la investigación de la megacausa 050/06, por la Base Aérea militar de Reconquista y la Policía Departamental, una causa que comprende además una investigación sobre el rol del Cuartel de la Guardia Rural en Santa Felicia, del departamento de Vera. Los correos contenían parte de la declaración de algunos testigos, un material que Gil en su defensa durante el juicio dijo que le pasó la mujer de uno de los represores. Ella, al ser citada, lo confirmó.

Uno de los mails de febrero de 2009 dice en el título: “La Hermandad avisa antes de hacer algo”. Luego de recordar que un periodista se preguntó en esos días qué era la Hermandad, el autor responde con el tono que se repite en el resto de los mensajes. “No esperen que les proporcionemos datos logísticos a nuestros enemigos, hoy ha cambiado por completo el escenario de combate, en los ’70 ellos nos conocían y sabían quiénes éramos, hoy no. Pero lo más interesante es que nosotros sí los conocemos, sabemos dónde viven, dónde trabajan, cuáles son sus familiares y hasta los hemos infiltrado, no todo es oro lo que reluce” (sic).

En octubre de 2009 y después de una pesquisa, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó su casa. El material que encontraron todavía sorprende a los investigadores. Gil tenía formularios para hacer documentación falsa, un documento falso con su foto, pero con otro nombre y uno igual de la Guardia Rural. Había formularios con el nombre de Contratos Antiterroristas, que dan aparentemente de los años ’70 y son planillas, en algunos casos rellenas con el nombre de un comercio, la indicación de “sabemos que usted factura” equis cantidad de dinero y ofrecían un seguro contra “terroristas”. Había además un manual sobre cómo hacer un secuestro y extorsión. Listas de personas detenidas en 1976, algunos de cuyos nombres coinciden con quienes son víctimas de las causas que se investigan. Y material de pornografía infantil.

“De los que están presos es uno de los más peligrosos, creo yo –dice Borsatti–, fundamentalmente por su capacidad intelectual, por esto que fue docente terciario y por los lugares en los que estuvo.”

Martín Suárez Faisal fue fiscal del juicio. Definió a Gil en el alegato como “un nostálgico del terrorismo de Estado”; lo presentó como “agente secreto del Ejército, especializado en reunir información bajo el seudónimo de Enrique Galetti”. Y explicó que llevó adelante “una conducta aberrante, sumamente cruel y signada por un profundo odio hacia las personas que no comulgaban con su identidad ideológica. El imputado no dudó en valerse de la forma más vil del anonimato, que fue diseñar la existencia de una sociedad secreta llamada La Hermandad supuestamente integrada por militares, policías y por supuestos, agentes de los servicios de Inteligencia”.

Para el fiscal quedó “perfectamente” probado que Gil abrió una cuenta de correo desde un cibercafé de Reconquista y accedió a la cuenta en varias oportunidades desde su casa. Desde ahí envió los correos con amenazas a las víctimas de Norte Amplio, pero además al juez federal Eduardo Valiente y el fiscal Ignacio Candiotti.

Los querellantes pidieron que se investigue a Gil en el marco de las causas de lesa humanidad. El abogado Iván Bordón, que representa a tres militantes de Norte Amplio, pidió 12 años de prisión y a los jueces que declaren que “el delito se cometió para obstaculizar el avance de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad”. El abogado Pedro Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, pidió 13 años de prisión.

El juicio tuvo momentos complicados desde el comienzo. Gil declaró cinco horas seguidas el primer día y en su estrategia involucró a distintas personas. Dijo que era falsa la firma de la apoderada de Yahoo, una de las pruebas más importantes, e inventó una historia de hackers y periodistas para decir que otros le habían usado esa cuenta. A partir de su declaración, hubo que sumar testigos al juicio. Declaró la apoderada de Yahoo Argentina, Jacqueline Berzon, que pospuso tres veces la cita atemorizada, según supo este diario, por otra amenaza desde un blog.

El tribunal está integrado por María Ivón Vella, José Escobar Cello y Otmar Paulucci.