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Desde Lima

Casi 30 años después, los campesinos de Chungui, en la zona andina de Ayacucho, recibieron los cuerpos de sus familiares asesinados entre 1984 y 1985 por el ejército y por el grupo armado maoísta Sendero Luminoso. En pequeños ataúdes blancos, los campesinos recogieron los huesos de sus parientes asesinados. Han sido 78 los cuerpos exhumados, hasta el momento, en Chungui, pero en las fosas localizadas en esta zona andina hay un total de 114 víctimas. Las exhumaciones, que se iniciaron en 2011, continúan. Pero las víctimas entre los pobladores de las comunidades campesinas de Chungui son muchas más: según un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del año 2003, en Chungui fueron asesinados aproximadamente 1380 pobladores por el ejército y por Sendero.

Solamente 68 cuerpos pudieron ser entregados a sus familiares, los otros diez no han sido identificados. En los 68 ataúdes se había escrito el nombre de la víctima. Treinta años después, los campesinos muertos, entre ellos ocho niños, fueron velados. Entre los restos exhumados había dos fetos, lo que revela que dos mujeres fueron asesinadas estando embarazadas.

El caso de Chungui es un dramático ejemplo de cómo la guerra interna dejó a los campesinos indígenas de las zonas andinas en medio de dos fuegos: las fuerzas de seguridad y Sendero Luminoso. Según la CVR, las dos terceras partes de las cerca de 70 mil víctimas que dejó la guerra interna en los años ’80 y ’90 –la mayoría de ellas en Ayacucho– fueron campesinos indígenas, como los de Chungui. La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) ha denunciado por los asesinatos de los 114 campesinos de Chungui cuyos restos han sido localizados, 78 de los cuales ya fueron exhumados, al mayor del ejército en retiro Pedro Baca Doig, quien fue jefe político militar en Chungui entre 1984 y 1985, quien está en libertad, y al dirigente senderista Oscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”, en esos años jefe de Sendero en esa zona, quien está encarcelado y condenado a cadena perpetua. Comisedh le atribuye al ejército la responsabilidad de 98 de los asesinatos y a Sendero Luminoso la autoría de 16 de estas muertes.

En diálogo con Página/12, Glery Taipe, abogada de Comisedh, que representa a un grupo de los familiares de las víctimas de Chungui, señaló que el proceso judicial por esta matanza de campesinos podría tardar más de dos años en iniciarse. “El caso avanza muy lentamente. Todavía está en etapa de investigación y la Fiscalía ha decidido que el proceso judicial no se inicie hasta que se termine con las exhumaciones de todas las fosas comunes, y según la CVR, las víctimas en Chungui serían más de 1300. Nosotros estamos pidiendo a la Fiscalía que el proceso comience ahora con la información que se tiene.”

La lentitud con la que avanza el caso Chungui se repite en otros casos de violaciones a los derechos humanos. Aunque el ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, y los miembros del destacamento del ejército Colina, que durante el gobierno de Fujimori operó como un escuadrón de la muerte, también han sido condenados, la mayoría de casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo matanzas masivas de campesinos, siguen sin sanción. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de una treintena de campesinos en la comunidad de Cayara en Ayacucho en 1988, durante el primer gobierno de Alan García. El año 2008 se encontraron fosas comunes con más de cien cuerpos de campesinos asesinados en 1984 por el ejército en la comunidad de Putis, Ayacucho, pero el proceso abierto por este caso no ha podido avanzar porque el ejército se niega a entregar información del personal militar que estuvo en ese momento destacado en la base de Putis. El juicio por los asesinatos cometidos en los años ’80 en el cuartel militar Los Cabitos, en Ayacucho, que fue un centro de torturas y ejecuciones extrajudiciales, donde se han encontrado fosas comunes con más de cien cuerpos, avanza lentamente y sólo se está procesando a siete oficiales. La semana pasada, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no abrir investigación a los magistrados supremos que el año pasado dictaron un irregular fallo reduciendo las penas a los miembros del grupo Colina y ordenando la libertad de algunos de ellos, fallo que luego fue anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.