El gobierno español anunció ayer que impugnará ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía aprobada el mes pasado por el Parlamento regional de Cataluña, decisión que el presidente catalán, Artur Mas, consideró antidemocrática. “El Consejo de Ministros acordó autorizar al presidente del gobierno para que recurra la resolución del Parlamento de Cataluña por la que se declara la soberanía del pueblo catalán y se inicia un proceso para hacerla efectiva”, dijo la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al informar sobre esta decisión en conferencia de prensa.

“Nuestra obligación como gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes”, subrayó la número dos del Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. La declaración, aprobada el pasado 23 de enero, proclamó a Cataluña “sujeto político y jurídico soberano” y generó un intenso debate en todo el país al abrir la puerta para que la poderosa región celebre un referendo en 2014 para independizarse de España.

Pero el proceso soberanista, que tiene lugar en medio de la peor crisis económica en décadas, no sólo enfrentó al gobierno regional con el Ejecutivo central del PP, sino que provocó enfrentamientos entre las fuerzas políticas catalanas, y amenaza con escindir al opositor Partido Socialista (PSOE) entre partidarios y detractores de la consulta.

Sáenz de Santamaría aclaró que el Ejecutivo no presentará un recurso de inconstitucionalidad, sino que impugnará la declaración soberanista, de acuerdo con el artículo 161 de la Carta Magna, lo que conlleva a la “suspensión de la disposición o resolución recurrida”. El Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

La decisión llega después de que el gobierno español recibiera anteayer el aval del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, que en un dictamen señala que existen argumentos jurídicos suficientes para impugnar la declaración, en base a un principio clave que es que la unidad de la nación española es indisoluble. La Abogacía del Estado ya se había pronunciado en el mismo sentido el pasado 8 de febrero, pero entonces la vicepresidenta del gobierno explicó que esperarían a conocer el dictamen del Consejo de Estado. Desde el inicio del conflicto político, el Ejecutivo central insiste en abordar el tema estrictamente desde el punto de vista jurídico y, en ese sentido, sostiene que la soberanía reside en el pueblo español, es única e indivisible y todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución.

Antes de que el Ejecutivo español informara de su decisión, el presidente catalán se adelantó y aseguró que una impugnación estaría fuera de lugar, al tiempo que emplazó a Rajoy a dialogar. “La autodeterminación es un derecho inalienable. Cuanto más avanza la democracia española, tiene menos base auténticamente democrática”, subrayó Mas ayer en conferencia de prensa.