En un alegato que sorprendió al auditorio por la diferencia en las apreciaciones de los hechos para unos y otros acusados en la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y en las heridas sufridas por otras tres personas, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 penas de prisión perpetua para los ex dirigentes de la Unión Ferroviaria y la mayoría de la patota de empleados de la ex línea de trenes Roca acusados de instigar y concretar los delitos, y pidió condenas notablemente más débiles –entre siete y diez años de cárcel– para los policías, a quienes, contrariamente a las querellas, acusó de abandono de persona agravado. Como era de esperarse, aunque un tanto menos firme, la defensa del ex secretario general del sindicato ferroviario José Pedraza pidió su absolución.

Si bien no habían expresado el pedido concreto de penas, el martes los fiscales María Luz Jalbert y Carlos Gamallo habían adelantado la severidad de las penas que solicitarían para el grupo de civiles imputados por el crimen de Ferreyra y las heridas de los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Ayer culminaron su alegato con los pedidos de condenas para ocho de ellos. El martes habían adelantado las absoluciones que solicitarían para los acusados Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, lo que condujo hacia el final de la audiencia a su excarcelación.

La fiscalía, así, solicitó perpetua para Pedraza y su ex número dos Juan Carlos “Gallego” Fernández, por considerarlos instigadores del homicidio agravado de Ferreyra y de tres tentativas, en el caso de los otros tres militantes. Perpetua, también, pidió para el delegado Pablo Díaz y los barrabravas Gabriel Sánchez y Cristian Favale, por el cargo de coautores de homicidio agravado y las tres tentativas. Para Claudio Alcorcel, en calidad de cómplice secundario de aquellos delitos, exigió 10 años de prisión. A los ferroviarios Daniel González y Salvador Pipito, por último, los culparon de ser cómplices primarios del homicidio y las tres tentativas, pero en grado simple, por lo que solicitó nueve años de cárcel.

Bastante menos severo fue el análisis que de los hechos, la evaluación de las pruebas, los testimonios y la escucha de las modulaciones entre los policías acusados realizaron los fiscales Jalbert, Gamallo, Hugo Bogetti y Mariano Domínguez a la hora de ponderar su responsabilidad en el caso.

Si bien determinaron que Hugo Lompizano, Luis Mansilla, Luis Echavarría, Jorge Ferreyra, Rolando Garay y Gastón Conti conocían “la existencia y el tenor del conflicto entre los ferroviarios y los tercerizados” que se avecinaba aquella mañana del 20 de octubre de 2010, y que tuvieron entonces la posibilidad de “tomar medidas que evitaran la exposición al peligro de la vida e integridad física de las personas indefensas”, en este caso los tercerizados y manifestantes “no hicieron nada”.

El Ministerio Público Fiscal analizó esa inacción como un delito de omisión, no activo: abandono de persona agravado por la muerte –la de Ferreyra–. “Como consecuencia del abandono cometido por estas personas se produjeron los delitos. Los policías son culpables de haber puesto en peligro la vida y la salud de las personas (que allí, en la esquina de Luján y Perdriel, en el barrio porteño de Barracas, se encontraban aquella mañana de hace más de dos años) y de abandonarlas a su suerte”, concluyó Bogetti.

En base a ese delito, Jalbert solicitó diez años de prisión para Lompizano y Mansilla; nueve para Ferreyra; ocho para Echavarría y siete para Conti y Garay, sin dar explicaciones ni detalles de las razones que motivaron la diferencia en las cantidades de cárcel para unos y otros. Para David Villalba, el cabo que apagó la cámara filmadora con la que debía registrar los hechos aquella mañana durante los cuatro minutos del ataque fatal, solicitaron la absolución.

Los pedidos de condena de la fiscalía clausuraron, así, los alegatos de las partes acusatorias y cedieron el paso a las conclusiones de las defensas, con cuyos análisis finalizará el período de evaluaciones del debate. Ayer expuso Carlos Froment, defensor de Pedraza, en el sentido esperado: apostó a las garantías. “No se ha aportado prueba contundente alguna contra Pedraza. Todas las acusaciones contra él fueron basadas en suposiciones”, comenzó el letrado.

Froment apuntó que su defendido fue “un objetivo político y económico” del Partido Obrero –“Es un viejo dirigente sindical. La única forma de sacarlo era con una situación como ésta”, deslizó en relación con la muerte de Ferreyra– y afirmó que es víctima de una “causa armada” por la fiscal de instrucción, Cristina Caamaño, y la jueza de esa misma etapa, Wilma López. Insistió en la teoría de la “bondad” de las cooperativas, la misma que González esgrimió ante el TOC 21, que “fueron creadas para emplear a ferroviarios desempleados durante la etapa de privatizaciones”, y en la permanente preocupación del sindicato por los tercerizados.

Por último, negó que el reclamo de los tercerizados consistiera en una amenaza para el poder de Pedraza al frente del gremio: “El poder político de la UF no estaba sostenido por la exclusión de los tercerizados”, aseguró.

Para Froment, “las acusaciones de la fiscalía y las querellas no aportaron prueba alguna que determine la incidencia en los hechos de mi defendido”, por lo que, sentenció ante los jueces: “La única sentencia justa (que le cabría a Pedraza) es la absolución”.