La Cámara de Diputados de Chile acusó ayer de manera formal al ministro de Educación, Harald Beyer, por no haber fiscalizado ni sancionado el lucro en las universidades, además de faltar a la probidad. De acuerdo con la Constitución, el ministro quedó suspendido de sus funciones, a la espera del pronunciamiento del Senado, donde la oposición tiene mayoría.

La votación final en la Cámara baja fue de 58 votos a favor y 56 en contra, para lo cual resultó decisivo el voto del diputado independiente René Alinco, quien optó por apoyar la acusación constitucional en última instancia. La sesión se extendió por tres horas y Beyer, un experto en Educación que en el pasado asesoró a gobiernos de la actual oposición, estuvo acompañado por los ministros del Interior, Andrés Chadwick; de la Presidencia, Cristián Larroulet, y por la ministra portavoz, Cecilia Pérez. El siguiente paso del proceso será su paso por el Senado, en donde una comisión de tres diputados de oposición, Fuad Chaín de Democracia Cristiana (DC), Marco Antonio Núñez del Partido Por la Democracia (PPD) y Manuel Monsalve del Partido Socialista (PS), deberán exponer la acusación ante la Cámara alta.

Beyer está acusado de infringir el principio de probidad administrativa, omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, en particular la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación, y de no ejercer el control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia. Uno de los casos que detonó la acusación fue el relacionado con la Universidad del Mar, a la que el estatal Consejo Nacional de Educación (CNED), tras detectar graves irregularidades financieras y académicas, le canceló en octubre la personalidad jurídica. Casos similares descubiertos en otras universidades, obligaron al presidente Sebastián Piñera a asegurar, a fines del año pasado, que su gobierno tomaría las medidas necesarias para proteger la calidad de la educación superior, aunque ello significara cerrar algunas universidades. Sin embargo, las bancadas opositoras consideran que el ministro hizo oídos sordos ante el cierre de la Universidad del Mar, que dejó un futuro incierto para 18 mil estudiantes, así como también a los casos de lucro en la enseñanza y a las dificultades del sistema de educación superior en Chile. “Esta acusación es un deber, una obligación, en cuanto somos representantes de la soberanía popular”, expresó en la sesión la diputada Alejandra Sepúlveda, al argumentar la propuesta. De acuerdo con la legisladora, no se pretende causar una innecesaria afrenta política ni perjudicar el correcto desempeño del sistema educacional en su conjunto. “Por el contrario, después de marchas, denuncias de medios de comunicación, de expertos, no se ha podido dar respuesta a miles de estudiantes que miran decepcionados”, exclamó Sepúlveda.

Tras la reunión, Beyer afirmó que la acusación lo único que hace es mostrar la peor cara de la política. “Esto es politiquería, esto no es serio, después de 20 años que no se ha fiscalizado adecuadamente (a las universidades)”, retrucó. El suspendido ministro insistió en que la acusación en su contra carece de fundamento. “Yo espero que el Senado actúe con altura de miras. Eso es lo que uno espera del Senado, que no incurra en la misma politiquería que hemos visto. Yo espero del Senado una mayor sensatez”, concluyó. El imputado resaltó que los parlamentarios opositores no actuaron de buena fe. “Hoy ha habido política de la peor calaña, ha perdido el país; he sido el primer ministro que ha fiscalizado, ha controlado el lucro y enviado proyectos necesarios para aumentar la calidad y fiscalizar mejor a las instituciones de educación superior”, agregó. Por su parte, la vocera del gobierno, Cecilia Pérez se refirió a la oposición. “Fueron ellos los que durante 20 años nunca fiscalizaron y que constantemente dieron la espalda a los estudiantes chilenos”, enfatizó.

Esta es la tercera ocasión en la historia de Chile en que un ministro de Educación enfrenta una acusación constitucional. La primera vez fue en 1997 contra José Pablo Arellano, durante el gobierno de Eduardo Frei, y la segunda contra Yasna Provoste, sustituida del cargo durante la administración de Michelle Bachelet. Sin embargo, esta decisión se produce en un contexto particular. En los últimos dos años, miles de estudiantes y profesores salieron a las calles de Chile a protestar por el alto costo de la educación y el lucro en el nivel superior. La dictadura militar (1973-1990) abrió la educación al sector privado y, aunque los gobiernos de la Concertación introdujeron algunas reformas, el modelo no cambió. Para acceder a las universidades, los estudiantes chilenos disponen de escasas becas, por lo que muchas veces se endeudan contrayendo préstamos que deben devolver una vez que empiezan a trabajar, una situación que se puede prolongar hasta por quince años.