Desde Barcelona

Una nueva palabra se acaba de incorporar al léxico de España: el escrache. Ahora resulta de lo más normal oírla por las mesas de los bares o leerla en el diario pero, hasta hace dos semanas, nadie en este país sabía lo que era “escrachar” a alguien. Los encargados de exportar no sólo el nombre sino lo verdaderamente importante, la acción, fueron los desahuciados. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) adoptó esta forma de denuncia instaurada en la Argentina contra los represores de la dictadura, para informar y presionar a los políticos del Partido Popular (PP) que no quieren apoyar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con el soporte de un millón y medio de firmas, reclama la dación en pago de las viviendas como modo de cancelar las deudas hipotecarias.

“¡Sí se puede, pero no quieren!”, gritaban este viernes las cerca de doscientas personas que rodearon en Madrid el domicilio de la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Con pancartas que ilustran el botón verde del Sí y el rojo del No que los diputados tienen que pulsar en la Cámara para la votación de una iniciativa, los activistas buscaban señalar a quien forma parte del único partido político (el PP) que manifestó su rechazo a la propuesta de ley para frenar los desahucios. “Que no viva ajena a las dramáticas consecuencias que su comportamiento está ocasionando”, leyó uno de los afectados, megáfono en mano, antes de guardar un minuto de silencio por los suicidios a raíz de la pérdida de las viviendas.

Esa misma noche, en un comunicado, el grupo parlamentario de los populares condenó “rotundamente los actos de acoso a los diputados”, y consideró el escrache como algo “absolutamente inútil” para hacer escuchar sus reivindicaciones. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, advirtió, además, que de la docena de diputados del partido que, según sus estimaciones, fueron increpados en sus casas durante el último mes, “la mayoría ha presentado denuncia o lo hará en horas”.

Pese a que las filas del PP no se cansan de avisar que los antidesahucios no lograrán nada con esta campaña, algunos resultados ya comenzaron a verse. El pasado miércoles, por ejemplo, el escrache a la diputada popular y concejala del distrito de Vallecas de Madrid, Eva Durán, consiguió su compromiso de mediar con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) para paralizar el desahucio de una afectada. Aproximadamente 50 personas esperaron a la diputada a la salida de un pleno que se celebraba en la intendencia para entregarle una carta confeccionada por los damnificados del barrio de Vallecas en la que se le informaba de la situación por la que están pasando muchos vecinos de la localidad y se le solicitaba reconsiderar su voto negativo a la ILP apoyada por la mayoría de la población.

“Nosotros decidimos en asamblea a qué diputado informar –cuenta Beatriz García, miembro de la PAH de Madrid–. Quedamos en un sitio y nos movilizamos en columna hacia la casa mientras vamos señalizando la calle con los carteles rojos y verdes. Explicamos a todos los vecinos por qué hacemos esto y muchos nos apoyan. También hablamos con comerciantes para poner carteles en las puertas de lugares por los que el diputado pasa diariamente.” Estos son algunos de los métodos de protesta que desde el oficialismo se insiste en calificar de violentos e incluso de terroristas. Mariano Rajoy, en una conferencia en París, tachó de “profundamente antidemocráticos” los escraches y la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, comparó las actuaciones de la plataforma antidesahucios con las del movimiento etarra en el País Vasco. “El escrache es algo pacífico, tranquilo e informativo. Los políticos y la prensa han convertido en un escándalo el hecho de acercarnos a nuestros representantes políticos para que escuchen nuestras historias y reconsideren su voto sobre la ILP por el derecho a la vivienda”, declaraba Iván García, otro activista de la agrupación.

El Partido Popular buscó por todos los medios criminalizar la lucha en contra de los abusos inmobiliarios, justo en el momento en que se terminaba el plazo para presentar enmiendas al texto de la ILP para la dación en pago, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler social. El pasado martes, todos los grupos parlamentarios se mostraron de acuerdo con los puntos propuestos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, salvo el PP, que rechazó la dación en pago universal, una medida que evita que el hipotecado pierda su casa y continúe cargando con una deuda de por vida debido a la caída del precio de su vivienda.

La intención del grupo de Rajoy es que, una vez ejecutada la hipoteca, la deuda pendiente pueda reducirse en función de un calendario de pagos, que puede durar 10 años, con posibilidad de quitas, según explica José María Fernández Seijo, el juez de Barcelona que elevó al Tribunal Supremo europeo el caso por el que se consideró ilegal la normativa española sobre desalojos. “El gobierno olvida que los desahuciados son personas que no han hecho frente a sus pagos por estar inmersos en situaciones límite: desempleados de larga duración sin subsidios ni recursos ante el panorama oscuro de la inserción laboral en nuestro país”, afirma el magistrado.

Para minimizar los efectos de estas enmiendas, el Partido Popular procuró desprestigiar al movimiento antidesahucios y buscar el respaldo de la opinión pública en contra de los escraches que acusa de “medios de acoso y coacción”. Hizo llegar entonces, desde la Secretaría de Estado de Seguridad a las comisarías, una instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos. Pero hasta la misma policía se opuso. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, declaró que “identificar y detener sin haber cometido una infracción es una barbaridad”.