Desde Caracas

Las mujeres venezolanas, aparte de estar protegidas por leyes como la de violencia de género y la de las amas de casa, avanzaron en espacios de poder en 14 años de gobierno chavista. Aún quedan desafíos pendientes para las feministas socialistas que ocupan bancas en la Asamblea Nacional: romper el muro de una sociedad patriarcal que impide que se discutan a fondo temas como la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Parte del legado de Hugo Chávez es la Constitución de 1999, cuyo artículo 88 determina que toda mujer madre es una trabajadora, incluso en su casa, y por eso tiene derecho a la seguridad social y una retribución monetaria. Vinculada a esta idea de que la mujer que trabaja en su casa genera valor agregado surgió en 2006 la Misión Madres del Barrio: a partir de esta política, más de cien mil mujeres que trabajan en sus hogares reciben un salario mínimo. Banmujer es un órgano financiero que fue creado para otorgar micropréstamos a mujeres en situación de pobreza, a una tasa de interés del cero por ciento, para que desarrollen sus propios emprendimientos. Otra de las misiones sociales orientadas al género es Niño Jesús, que se ocupa de darles atención de salud a las embarazadas.

Si hay un asunto trabado, es la discusión del aborto. La diputada Marelis Pérez Marcano reconoció en diálogo con Página/12 que es una batalla pendiente. “Desde que elaboramos la ley orgánica de equidad e igualdad de género, propusimos que se puedan ampliar las excepciones dentro del código penal (ahora existe una única excepción que es cuando está en peligro la salud de la madre). Planteamos la posibilidad de interrumpir el embarazo en caso de violación, malformación del feto e incesto. El artículo se retiró porque no hubo consenso dentro del bloque parlamentario del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Sobre este asunto, Luz Patricia Mejía, coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (perteneciente a la OEA), señaló que si bien aún no se debate la despenalización del aborto, en la práctica el Estado no sanciona a la mujer que decide no seguir con el embarazo. “Desde hace años las mujeres venezolanas no somos procesadas por el delito de abortar; no es como en otros países donde se llevan adelante juicios y, además, en Venezuela existe un protocolo de salud que garantiza que el aborto sea seguro”.

La batalla también incluye aumentar la presencia de mujeres en el Parlamento, afirmó la diputada Pérez Marcano. “La menos permeable ha sido la estructura política, la representación parlamentaria bajó: de 165 diputados apenas 29 somos mujeres. Creo que se debe a que no tenemos una política unitaria y común de las mujeres”, señaló con autocrítica la legisladora. Esto no sucede en los consejos comunales, muchos dirigidos por mujeres –el 70 por ciento de las voceras son mujeres– ni tampoco en el Poder Judicial, la Comisión Nacional Electoral o la Fiscalía General, que son encabezados por mujeres como parte de la propuesta del gobierno de darles mayor participación en los cargos públicos.

Como parte de las conquistas de género, las expertan no dudaron en señalar la creación de un ministerio de la mujer y el avance en la problemática de la violencia de género con la sanción en 2006 de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dicha norma vehiculizó una serie de instrumentos legales nuevos en el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General. En concreto, se crearon tribunales especializados en violencia contra la mujer que en un máximo de 20 días deben avanzar en el juicio y dictar sentencia inmediata.

En ese sentido, la legisladora Pérez Marcano dijo que por primera vez en Venezuela el Estado asumió la violencia de género como un problema. “Se creó una institucionalidad de justicia de género en el país y se rompió con la cultura patriarcal de la que violencia contra la mujer es un problema privado.”

Mejía destacó de la ley que autoriza a denunciar la violencia simbólica contra la mujer que se puede observar en los grandes medios de comunicación. “A nivel regional es una gran deuda, un denominador común, que los medios reproduzcan estereotipos de sumisión de la mujer al hombre”, dijo la ex presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y advirtió que “la legislación es de avanzada, pero el proceso cultural marcha más lentamente y por eso el delito más reportado por la fiscalía es el de la violencia de género”.

Cómo no ver en las telenovelas, que abundan tanto en las emisiones de la tarde, la reproducción del estereotipo de mujer que depende de un hombre –generalmente rico– y con tal de no perderlo soporta sus arbitrariedades e infidelidades como algo naturalizado.

Más allá de los avances, la sociedad venezolana tiene pendiente reconocer los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, desde que puedan cambiar de identidad ante la ley hasta casarse y tener hijos. En la región, Argentina y Uruguay allanaron el camino.