Cerca de 32.500 familias en España perdieron en 2012 la casa en la que vivían por no poder pagar las hipotecas a los bancos, informó ayer el Banco de España, en medio del profundo descontento de los afectados con una ley que no les permite saldar su deuda entregando la vivienda. Se trata de la primera vez que el Banco de España publica una estadística de este tipo, que se conoce en medio de la alarma social y la preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi cinco años en la peor crisis económica en varias décadas.

Los datos reflejan, además, que en 355 de estos casos tuvo que intervenir la policía. Asimismo, si también se tienen en cuenta los desalojos en los que se requirió la presencia de la fuerza pública sobre viviendas que no estaban consideradas como habituales, el número aumenta a 464.

Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los bancos que gestionan más del 85 por ciento del crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales. Cerca de 3000 familias se encontraban en esas viviendas en el momento de ser desahuciadas. En proporción al número total de créditos para comprar casa, los desahucios afectaron al 0,53 por ciento de las más de 6,14 millones de hipotecas a hogares existentes al cierre de 2012, destaca el Banco de España.

De estas entregas, más de la mitad, unas 18.300, fueron voluntarias. En este apartado es donde, además, se incluyen las entregas en pago, que es cuando el banco acepta la entrega del inmueble hipotecado en pago de la deuda. La banca asegura que el año pasado, antes de que el Tribunal de la Unión Europea dictaminase que la ley española no protege adecuadamente a los hipotecados, se cerraron 14.110 entregas en pago.

La “dación de pago universal y con carácter retroactivo” es la medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero no fue incluida en una ley para proteger a los deudores hipotecarios aprobada el miércoles por el Parlamento con el único apoyo del mayoritario y oficialista Partido Popular. El objetivo de esta dación de pago universal y retroactiva es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que, pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.

Cerrado el capítulo de las entregas voluntarias, la banca tuvo que recurrir a la vía judicial en otros 14.165 casos para recuperar el inmueble. En el 83 por ciento de los casos, la vivienda estaba vacía en el momento en que los representantes del banco tomaron posesión de la casa. Por el contrario, 2405 estaban ocupadas, lo que implica que las familias afectadas se vieron forzadas a abandonar la vivienda contra su voluntad. En cuanto al tiempo transcurrido desde que se produce el impago, la estadística afirma que el 85 por ciento de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales ocupadas en 2012 se originó en el año 2007 o incluso antes.

Los datos del Banco de España llegan en plena profusión de estadísticas sobre las ejecuciones hipotecarias tras años de opacidad. Ello se ha debido a la repercusión social que tienen los desahucios, que han aumentado con fuerza en los últimos meses por culpa de la persistencia de la crisis y el imparable auge del paro.

“Es la primera vez que el Banco de España elabora esta estadística y, por lo tanto, los resultados que de ella se obtienen han de tomarse con las debidas cautelas”, alertó un portavoz del banco. Para interpretar la información, añade, también hay que tener en cuenta que los datos, aunque se han obtenido de un grupo de entidades que gestionan la mayor parte del crédito hipotecario concedido a los hogares para compra de viviendas, no reflejan la totalidad del sector bancario español. En adelante, el banco publicará regularmente esta información con una periodicidad semestral.

El gobierno del presidente Mariano Rajoy dijo que mejorar la situación de los deshauciados es una prioridad de su gobierno, argumento que fue rechazado por toda la oposición.