Una inspección judicial realizada en la cárcel de San Martín, del Servicio Penitenciario de Córdoba, comprobó la existencia, en el hospital del penal, de dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que –según denunciaron varios de los allí detenidos– eran utilizados por los guardias “para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas”. La información fue confirmada a Página/12 por el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó. Durante la inspección fueron retiradas las cadenas y entregadas a la Fiscalía Federal de la provincia, para que tome intervención en el caso. Luego del procedimiento, que se hizo con el consentimiento de las autoridades de la unidad carcelaria, la ministra de Justicia de la provincia, Graciela Chayep, “denunció al fiscal Abel Córdoba por haber ingresado irregularmente en el penitenciario del barrio San Martín”, según un comunicado difundido por el gobierno provincial.

“Hicimos otras inspecciones en dos cárceles de Mendoza y en el Chaco, pero aunque también recibimos denuncias graves, no encontramos los elementos de tortura, como en el caso de Córdoba. Nosotros tenemos, como fiscales, el derecho y la obligación de realizar estas inspecciones judiciales, que no son simples visitas guiadas. Y la gravedad de lo que encontramos en Córdoba es indudable hoy, en 2013, como lo sería en 1813”, resaltó el fiscal Abel Córdoba, en referencia a la Asamblea General Constituyente de 1813, que abolió la tortura. Como consecuencia de la reacción que tuvo el gobierno cordobés frente a lo que consideró “un hecho más de patoterismo y de desconocimiento de la ley” por parte de la Nación, al fiscal Córdoba se le impidió el acceso al penal de Bouwer, en la misma provincia, que acumula denuncias por torturas a detenidos (ver aparte).

“Nosotros actuamos dentro de lo que son los derechos y las obligaciones de los fiscales que actuamos para prevenir la violencia en instituciones de encierro y la violencia policial”, sostuvo Córdoba, en diálogo con este diario, a la vez que aclaró que para ingresar a una cárcel, para hacer una inspección, no necesitan de una orden de allanamiento. Por mandato de la ministra Chayep, el director del penal de San Martín, alcalde mayor Rubén Ceferino Ochoa, presentó una denuncia contra Córdoba ante la Fiscalía de Instrucción de la provincia, a cargo de Raúl Garzón. Uno de los argumentos es que el fiscal nacional “no exhibió la orden de allanamiento”.

Córdoba explicó que desde la creación de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, en marzo pasado, han realizado inspecciones judiciales en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, en Mendoza, y en la unidad del Servicio Penitenciario Federal en el Chaco. Informó que en Mendoza encontraron “situaciones graves que nos llevaron a presentar siete hábeas corpus, a partir de los cuales hay pabellones que han sido clausurados” y que también recibieron denuncias en la cárcel del Chaco. “Nuestro trabajo consiste, básicamente, en recorrer los pabellones y entrevistar a los detenidos para que nos expresen la situación en que se encuentran y para que nos hagan las denuncias que crean pertinentes.”

“En la cárcel de San Martín recibimos los testimonios de muchísimos detenidos que con mucho temor nos contaron sus padecimientos y nos hablaron del método que se aplica allí y que es el más temido por ellos”, aseguró el fiscal Córdoba. “Cuando protestan por alguna razón o hacen planteos ante los guardias, son golpeados y los llevan arrastrando hasta el hospital del penal, donde los amarran con cadenas a camastros de hierro. Allí, una vez estaqueados, son sedados o dopados. Pasan muchas horas en esa condición y sufren problemas por ahogo, e incluso llegan a hacer sus necesidades encima.”

Luego de reunir varios testimonios coincidentes, el procurador pidió visitar el hospital del penal. “Una vez allí encontramos dos camastros de hierro, atornillados al piso, que tenían muestras de haber sido usados en forma reciente.” Mencionó como ejemplo que encontraron “un recipiente con orina” que estaba al lado de uno de esos camastros. Los responsables de la inspección preguntaron a los guardias cuál era el uso de esas camas y les respondieron que eran “para contener a los detenidos que se autoagredían”.

Córdoba relató a Página/12 que luego de una serie de consultas, llegaron al punto de hablar de las cadenas con las que los detenidos, según sus propias denuncias, eran amarrados. “Los guardias nos llevaron hasta el lugar donde guardaban las 17 cadenas, de setenta centímetros cada una, las que estaban ocultas detrás del mostrador que está en el ingreso al hospital y que se encontraban a la más absoluta disposición de los guardias.” Córdoba afirmó que las cadenas “nos fueron entregadas por el director del penal, quien nos permitió que las lleváramos con nosotros”.

Cuando se le preguntó acerca de la actitud asumida por el titular de la unidad carcelaria, Córdoba precisó que “notamos cierta preocupación en él, pero en ningún momento mostró oposición alguna”. La inspección se hizo el martes y duró ocho horas. Cuando los funcionarios nacionales se retiraban, el director del penal les pidió que firmaran un recibo para dejar constancia del material que se estaban llevando. “Dejamos constancia que como miembros de la procuraduría que busca prevenir casos de tortura, teníamos facultades para llevarnos esos elementos.”

El fiscal y sus colaboradores sufrieron “alguna demora” para que los dejaran salir de la unidad, una vez terminada su tarea. La cárcel tiene una población de 700 detenidos. Se llevaron otras denuncias sobre “golpizas, requisas violentas o mala alimentación, situaciones que no son ajenas a las que suceden en los otros tres lugares que hemos visitado y a las cárceles en general”. El miércoles, cuando intentaron hacer una inspección similar en el penal de Bouwer, se les impidió el acceso por orden de las autoridades gubernamentales.

Ante esa situación, presentaron un recurso de apelación ante el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, quien en el 2010 hizo una investigación sobre denuncias por malos tratos y torturas ocurridas en el penal de San Martín, ubicado en la ciudad de Córdoba. Al mismo tiempo, entregaron las cadenas y están preparando una denuncia, para que los fiscales federales de Córdoba investiguen los malos tratos denunciados por los presos de la cárcel de San Martín. “Nosotros actuamos para prevenir la tortura y para hacer entender que gobernar una cárcel no significa aplicar métodos medievales y bárbaros como los denunciados.”

Diarios de Córdoba confirmaron ayer “la existencia de cadenas y esposas” en el hospital del penal. Sobre la reacción de la ministra Chayep, el fiscal Córdoba señaló que “es imposible defender a una institución que tortura o preocuparse por maquillar al monstruo en lugar de defender el derecho de los ciudadanos cordobeses”.