El ex dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue condenado ayer en total a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad, informó la jueza Jazmín Barrios al dar a conocer la sentencia. Ríos Montt, que gobernó en Guatemala entre 1982 y 1983, recibió una pena de 50 años de cárcel por genocidio y 30 años por delitos contra los deberes a la humanidad, indicó la magistrada que preside el Tribunal A de Mayor Riesgo. El Tribunal ordenó la inmediata detención del ex jefe de Estado, que gozaba de arresto domiciliario como medida sustitutiva. “No tengo angustia de ir a prisión porque he cumplido con la ley. Lo lamento por mi familia”, dijo el militar retirado, de 86 años. “Me han enjuiciado y condenado por genocidio, el tribunal dice que soy genocida pero solamente trabajó bajo supuestos. ¡Es un show político!”, exclamó ante el tribunal el militar, quien escuchó de pie la sentencia.

En tanto, el ex jefe de servicios de inteligencia de Ríos Montt, el también general retirado José Mauricio Rodríguez, fue absuelto por el tribunal que consideró que su desempeño no tuvo “injerencia” en los hechos. “En Guatemala se cometió sistemáticamente el delito de genocidio contra la población maya ixil”, dijo la jueza al reconocer los testimonios de peritos aportados durante el debate.

Barrios precisó que los hechos demostrados a lo largo del juicio se confirman con el hallazgo de cementerios clandestinos en las inmediaciones de los ríos Schel y Chajul, donde se encontraron osamentas que tenían tiros en la cabeza y tórax y que pertenecían a los poblados de Chajul, Nebaj y Cotzal, de la zona Ixil. “Es evidente que los grupos militares que llegaron a cada una de las comunidades adoptaron el mismo patrón” genocida, indicó la jueza. Agregó que el condenado estaba enterado de lo que sucedía en el interior del país, al ser comandante general del ejército y presidente de facto tras el golpe de Estado de 1982.

Ríos Montt y Rodríguez fueron acusados por el Ministerio Público (MP) de ser los responsables, por su jerarquía en la cadena de mando dentro del ejército de Guatemala, de la muerte de 1771 indígenas ixiles en 15 matanzas ejecutadas en comunidades del departamento de Quich (Norte). La Fiscalía solicitó el jueves, cuando el juicio entró en su fase de conclusiones, una condena de 75 años de cárcel contra ambos, y dos entidades que actúan como querellantes adhesivos, tras presentar sus propias conclusiones, se sumaron a la solicitud.

Ríos Montt se declaró inocente el jueves. “Su Señoría, me declaro inocente. Nunca tuve la intención ni el propósito de destruir a una etnia nacional”, declaró con la mirada dirigida a la presidenta del tribunal. En tanto, el también general retirado Rodríguez se declaró ayer, cuando le correspondió el turno de declarar, “inocente” del delito de genocidio en Guatemala y pidió al tribunal que lo juzga que lo deje en libertad.

El juicio llegó a esta instancia final luego de una serie de controversias que por momentos hicieron temer hasta último momento que pudiera quedar sin efecto. Más aún, la sentencia de ayer no cierra el proceso, ya que los abogados del ex dictador anunciaron que elevarían apelaciones ante instancias superiores, incluso antes de conocerse el veredicto.

Horas antes del veredicto, en un acto oficial, el presidente guatemalteco Otto Pérez había dicho que su gobierno respetaría el veredicto, fuera cual fuera. “Guatemala avanza dentro del respeto a los valores democráticos. Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable”, declaró en esa ocasión.

Según el diario El País de España, para Hellen Mack, cuya hermana Mirna fue cosida a puñaladas por sus investigaciones antropológicas sobre la represión en el altiplano indígena, el juicio marcó un antes y un después en la historia jurídica de Guatemala. En primer lugar, porque es la primera vez que los indígenas han tenido la oportunidad de hacer oír su voz y ser escuchados en un tribunal. Añade que, para los guatemaltecos, el proceso ha tenido la virtud de demostrar que se puede llegar a la verdad y la justicia sin recurrir a la violencia y, finalmente, porque constituye una auténtica prueba de fuego a la Justicia, en esta ocasión bajo la lupa de la comunidad internacional.