El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiere revivir una ley para afianzar el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes. La decisión de Obama se dio a conocer dos días después de que estallara un escándalo por la revelación de la investigación secreta que había realizado el Departamento de Justicia violando registros telefónicos de la agencia de noticias Associated Press (AP).

Según confirmó ayer el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, el equipo de Obama se puso en contacto con el senador demócrata Chuck Schumer para que éste presente de nuevo la Ley de Libre Flujo de Información. “Nos complace ver que la legislación volverá a ser introducida, porque (Obama) cree fuertemente que tenemos que proporcionar las protecciones a los medios que esta legislación ofrece”, dijo Carney ayer en su rueda de prensa diaria.

De acuerdo con medios estadounidenses, esta normativa había surgido en 2009, tras otro escándalo periodístico, la megafiltración de documentos del Departamento de Estado del sitio Wikileaks. Pero aquella vez el proyecto de ley no había logrado superar el proceso legislativo. De aprobarse, la ley protegería a los periodistas de ser obligados a testificar sobre sus fuentes confidenciales, salvo que se hayan agotado todas las otras vías y siempre y cuando la información sea de interés para la seguridad nacional.

“No está claro que este tipo de ley hubiera cambiado el resultado del caso AP. Pero hubiera podido reducir las posibilidades de acceso a los registros de manera secreta, sin ninguna comunicación previa a la agencia de noticias por parte del Departamento de Justicia. También hubiera permitido que un juez revisara la validez de la solicitud”, publicó ayer el diario estadounidense The New York Times.

Entre abril y mayo de 2012 el Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de veinte líneas telefónicas de AP. El escándalo por el espionaje a la agencia de noticias puso contra las cuerdas a Obama y a altos miembros de su gabinete, especialmente al jefe de Departamento de Justicia, Eric Holder. “El hecho de que el Departamento de Justicia se sienta con el derecho de obtener secretamente registros telefónicos de decenas de periodistas es contrario a la libertad de prensa garantizada en la Primera Enmienda de la Constitución”, dijo en un comunicado Tony Mauro, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa.

Sin embargo, el gobierno sostiene que esas medidas extraordinarias buscaban descubrir al responsable de una filtración muy seria, que, según la versión oficial, puso en peligro la vida de estadounidenses.

Se desconoce exactamente cuál es la filtración investigada, pero todo apunta a que se trata de una noticia publicada por AP el 7 de mayo de 2012. Informaba que el gobierno había frustrado un complot de la red terrorista Al Qaida en Yemen para atentar contra un avión que viajaría con rumbo a Estados Unidos. En ese entonces, el gobierno de Estados Unidos no decía nada del complot y el Departamento de Justicia había negado que dicho complot existiera, porque no quería alentar actos de venganza en la semana del aniversario de la muerte de Bin Laden, abatido el 2 de mayo de 2011. “De hecho, la Casa Blanca se estaba preparando para anunciar que habían frustrado el atentado con bomba”, destacó el presidente de AP, Gary Pruitt, en una carta publicada el martes pasado.

Por eso, el jefe del Departamento de Justicia, Holder, negó ayer una vez más haber tenido conocimiento de la orden de investigar los registros telefónicos de la agencia al comparecer ante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, los diarios y la agencia AP siguen denunciando el accionar del gobierno estadounidense. “No puede haber justificación posible para una recolección tan larga de las comunicaciones”, denunció Pruitt. Además, en un duro editorial firmado por su junta editorial, el diario

The New York Times afirmó ayer que el gobierno de Obama había fracasado a la hora de ofrecer una justificación creíble para el espionaje. También puso en duda que Holder no estuviera al tanto de la investigación y acusó al gobierno de usar el espionaje para perseguir y eventualmente castigar a informantes, contra quienes el gobierno de Obama tomó duras medidas, algo sin precedentes en administraciones anteriores.

Desde que se conoció el escándalo se suceden las protestas de organizaciones de prensa nacionales y extranjeras, así como de políticos tanto opositores como del mismo Partido Demócrata de Obama. “El alcance de esta acción pone en tela de juicio la integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa”, asegura una carta respaldada por más de 50 organizaciones y dirigida a Holder, y su adjunto, James M. Cole, quien supervisó la operación de espionaje.

Además, el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa pidió al gobierno que entregue todos los registros telefónicos y destruya todas las copias o, al menos, prohíba el uso adicional de las mismas y dé por cerrada la investigación.