“Sé donde vivís, te voy a matar a tu hijo”, fue la amenaza que el custodio del Ministerio de Educación bonaerense le dijo a María Inés Uro, una de las delegadas de la junta interna de ATE Educación mientras la llevaba presa. Fue el martes a la mañana, cuando junto a cuatro compañeros salían de una reunión en la sede de la cartera educativa, en un operativo en el que personal de civil los esposó y forcejeó con Marcelo Ardetti, representante sindical e hijo de de-saparecidos. Acusados de coacción agravada en una causa iniciada por la propia ministra de Educación Nora de Lucía tras el conflicto del año pasado en la Dirección de Escuelas, pasaron la noche tras las rejas y ayer fueron liberados. Según consideró Silvia Valdez, otra de las delegadas detenidas, a Página/12, el paro y la movilización de los estatales permitió su excarcelación. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense investigará el procedimiento policial.

“En la patota que nos detuvo un policía que es de la guardia del ministerio nos marcó, porque ni nos preguntaron los nombres, sólo hubo insultos y amenazas”, dijo Valdez. Junto a Ardetti, Uro, Alejandro Sánchez Moreno y Miguel Ciappina fueron trasladados a la DDI de 61 entre 12 y 13. “Empezamos a llamar y a la media hora estaban todos los compañeros”, agregó. Tras negarse a ser indagados por el fiscal Tomás Morán los iban a trasladar a la cárcel de Olmos y otras dependencias, pero la orden “fue frenada por la movilización popular que rodeó Tribunales”.

Luego de pasar la noche presos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense inició un paro por su liberación. El juez César Melazo los había detenido por su participación en una protesta, a fines de septiembre, con ocupación de la Dirección de Escuelas provincial. La ministra De Lucía justificó las detenciones al afirmar que “cometieron hechos criminales” durante aquella medida de fuerza. “De ninguna manera –rechazó Valdez– ,lo que hacemos es reclamar por nuestro salario y condiciones de trabajo, contra la precarización y el ajuste que la Dirección quieren implementar, paramos un recorte salarial y frenamos 144 despidos con una toma de once días, eso es luchar, no es coacción agravada. Y acusarnos de eso es persecución gremial.” La titular de la cartera educativa los había acusado de romper muebles e impedirles salir del edificio. “La Dirección es nuestro lugar de trabajo”, replicó la delegada.

Los dirigentes Roberto Baradel (Suteba-CTA) y Oscar De Isasi (ATE provincia) calificaron como “ilegal” la detención y acusaron a Daniel Scioli de querer “judicializar la protesta” para “instaurar el temor”. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos Guido Carlotto expresó su “profunda preocupación” y afirmó que se tomarán “las medidas necesarias para establecer las condiciones en que se desarrolló el operativo”.