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El concepto de Estado-nación supone en las ciencias políticas convencionales que existe una sola Nación o Pueblo (en las tradiciones indígenas), en un territorio y una forma de gobierno o unidad política que garantiza la “paz interior” y “defensa” así como derechos y deberes de los ciudadanos. La idea de “monopolio de la fuerza pública” garantizaría tanto “la paz interior” como la “defensa de la amenaza externa”.

La creación del Estado-nación moderno de nuestro país estuvo atravesada justamente por ese uso represivo de ese supuesto monopolio de la fuerza pública que fueron las fuerzas armadas (junto a las fuerzas policiales). El acto fundacional fue un genocidio de Pueblos o Naciones preexistentes que de ningún modo podían integrarse como tales en el Estado fundante; había que exterminarlos, esclavizarlos y subordinar, “racializar” a los que quedaran vivos. Muchas veces hemos sostenido que esa alborada nacional constituye un acto ominoso que como un trauma colectivo insiste en aparecer más allá de nuestros deseos e intenciones democratizadores.

Después del último genocidio (1976-1983) prometimos con un mayoritario, colectivo y sentido “Nunca más” permitir que cualquier fuerza del orden se volcara a la represión y asesinato de los pobladores de este territorio, de esta “comunidad imaginada” que denominamos Argentina. Pero una y otra vez esa promesa se escapa de las manos, a veces sola por propia dinámica institucional pero –y esto es lo alarmante– otras, por decisiones políticas de quienes gobiernan. Dos situaciones deben ser revisadas si no deseamos desbarrancarnos una vez más en el trauma de nuestra historia: la ley antiterrorista de la que mucho se ha discutido (de las muchas reflexiones véase la entrevista al ministro de la Corte Suprema doctor Zaffaroni de Página/12, 27/11/11) y la creación de cuerpos especiales de las policías nacionales y provinciales para enfrentar a los ciudadanos en protestas. Algunos de estos cuerpos especiales fueron mencionados varias veces con preocupación en los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También alertamos sobre ellos quienes seguimos las protestas en el interior del país y muchos abogados, así como organismos de derechos humanos. Son grupos con entrenamientos especiales para reprimir las protestas internas, con vestimentas escalofriantes y armas de mucha potencia dañina; a esta altura ya son visibles en todos lados, desde la represión en el Hospital Borda en la Ciudad de Buenos Aires hasta la última del sábado 11 de mayo en Famatina, provincia de La Rioja.

En esta última provincia nos volvió a tomar de sorpresa; hasta ahora los que amenazaban a las poblaciones que resisten la entrada de la minería devastadora y contaminadora fueron los cuerpos provinciales y hasta locales. Eso garantizaba el conocimiento entre las poblaciones de uno y otro lado así como el límite lógico que debe existir entre seres humanos que conviven en un territorio sin ataques de agresión enfermiza. En una ocasión el policía a cargo de la operación contra el corte minero se encontró con su propia progenitora y su sobrina del otro lado; esa madre, por supuesto, lo enfrentó y neutralizó cualquier peligro porque en esas protestas no sólo hay mujeres mayores sino niños en tanto se trata de “puebladas” (hasta con su cura párroco e intendente). Pero ahora aparecieron los disfrazados de “contrainsurgencia” con escudos defensivos, en un número ridículo para una población como Famatina de 7000 habitantes e hicieron daño, lastimaron los cuerpos, que es el primer paso para cebarse y terminar en lo que aún, es evidente, no podemos superar y que insiste, como trauma, en recordarnos un pasado que nos avergüenza. Cuando la violencia policial no se controla no vamos por buen camino y en estos tiempos cualquier protesta social que comparta el clima de época, sabe que su límite de acción es el respeto a los cuerpos enfrentados (como indica la tradición gandhiana).

La responsabilidad del accionar de estos cuerpos especiales policiales, aunque sean provinciales, recae en la Nación, desde sus más altas autoridades; tanto las ocurridas en la CABA como en La Rioja. El fomento de estas situaciones con políticas públicas daría por tierra todo lo que podamos haber avanzado en el juzgamiento del genocidio de los años de la última dictadura militar. Podría constituir un aceleramiento del motor de la tenebrosa calesita de nuestra trágica historia.

* Socióloga. Instituto Gino Germani.