El gobierno español evalúa aplicar una eliminación drástica de líneas ferroviarias de media distancia con el fin de ahorrar recursos públicos. La administración conservadora que encabeza Mariano Rajoy pretende suprimir 48 líneas y reducir 32 por ciento la oferta de servicios de 127 líneas, con lo que conseguiría un ahorro de 86,5 millones de euros anuales, según un documento de la consultora del Ministerio de Fomento al que accedió el diario El País de Madrid.

El transporte ferroviario en España que opera Renfe –dependiente del Ministerio de Fomento– es público, por lo que este plan debe aún debatirse en varios ámbitos, entre ellos el Parlamento español. La supresión de 48 líneas de media distancia supondría un ahorro de 46,5 millones de euros, según el informe. En el documento también se habla de líneas ineficientes por su baja ocupación media y los ingresos que generan, que sólo cubren un 16 por ciento de los gastos. Se trata de líneas de media distancia que unen capitales de provincia o ciudades importantes de varias regiones.

No serían, sin embargo, estas localidades las más afectadas por la medida, ya que entre la mayoría existen trenes de alta velocidad, aunque el precio de éstos es mucho mayor. Las más afectadas serían las pequeñas poblaciones, que la única conexión ferroviaria que tienen es la de estas líneas y que, si finalmente se adopta la decisión, quedarían comunicadas sólo por carretera, concluye el estudio.

Mientras tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó hoy un gran pacto nacional contra la crisis, aunque se mostró dispuesto a alcanzar acuerdos puntuales con sindicatos y empresarios en temas como jubilaciones y protección social. “El gobierno es quien dirige la política económica y sabe lo que hay que hacer”, aseguró Rajoy en conferencia de prensa tras reunirse en el Palacio de La Moncloa con empresarios, sindicalistas y líderes sociales.

España sigue sin salir de la recesión y cuenta con una cifra record de desempleados, 6,2 millones de personas, el 27 por ciento de la población activa. A pesar de estas dramáticas cifras, Rajoy dejó claro que su gobierno seguirá trabajando en cinco líneas: control del déficit público, reformas estructurales, reformas europeas, integración europea y liquidez europea. “Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero el gobierno tiene que asumir responsabilidades”, puntualizó. No obstante, el primer mandatario reconoció que es necesario un diálogo con amplios sectores políticos. “Debemos abordar medidas de protección social para que los más desfavorecidos puedan afrontar la situación crítica de desempleo”, opinó.

Los sindicatos fueron a la reunión exigiendo un acuerdo de consenso social y político contra la crisis y medidas concretas, como ingresos mínimos para las más de tres millones de personas sin empleo que, según los datos oficiales, no cuentan con ningún tipo de ayuda. Más allá de este posible avance respecto de la protección social, Rajoy anunció que mantendrá abierto el diálogo sobre el problema de la escasez de crédito, la modernización, la reforma de la administración pública en marcha, la sustentabilidad de las pensiones y políticas de empleo, especialmente juvenil. Asimismo, el presidente expresó que tanto el gobierno como los sindicatos y la patronal están de acuerdo en mantener una “unidad de acción en Europa”, en la necesidad de avanzar en la unión bancaria y fiscal, y en que la austeridad nacional debe ir acompañada de estímulos financiados por la Unión Europea.

Al concluir el encuentro, el primero a tres bandas desde que Rajoy llegó al poder en diciembre de 2011, los dirigentes de las centrales sindicales UGT (Unión General de Trabajadores) y CC.OO. (Comisiones Obreras) afirmaron que el presidente del gobierno les trasladó que “no hay condiciones para un acuerdo nacional político y social contra la crisis”. En ese sentido, Cándido Méndez, líder de UGT, afirmó que lamenta profundamente la falta de acuerdo con el Ejecutivo con respecto a las prioridades del país. “Si el presidente considera que los temas capitales son Europa y el crédito, nosotros no coincidimos”, dijo. “La crisis de empleo y la actual situación social exigen a gritos un consenso social e institucionalización”, insistió Méndez.

Por su parte, el líder de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró que España necesita altura de miras y liderazgo por parte del gobierno para enfrentar la situación actual. “Hemos trabajado en la idea de un gran consenso ante la emergencia nacional en términos económicos, de empleo y sociales, pero Rajoy ofreció escenarios concretos de trabajo para sustanciar acuerdos, indicó.

A pesar de que no es lo que pretendían los sindicatos, Toxo sostuvo que no rechazarán ningún escenario de negociación que se abra. Las centrales de trabajadores llevaron a la reunión un documento con medidas para impulsar la actividad económica y el empleo, que incluye una reforma fiscal que no pasa por aumentar impuestos, sino por cambiar las figuras tributarias, con mayor presión sobre las grandes fortunas, y por luchar contra el fraude.

En tanto, Rajoy se comprometió a fortalecer el pacto para contener los precios regulados, en línea con los acuerdos de moderación de salarios y beneficios de las empresas que ya está vigente. El presidente volvió a defender su reforma laboral, que tiene como objetivo que el despido sea “el último recurso”, ante unos sindicatos que piden su retirada porque no evitó sino que potenció los despidos en un año de vigencia.

De la reunión participaron también el presidente de la poderosa Confederación de Organizaciones Empresariales, Joan Rosell, y el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, quienes dijeron apoyar la búsqueda de alternativas ante la situación excepcional que vive España, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.