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El grupo de origen paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) pidió ayer participar en un proceso de paz como el que el gobierno de este país negocia en La Habana desde 2012 con las FARC. Por medio de un correo electrónico enviado a medios de prensa, las AGC se presentaron como una organización armada de resistencia civil que es resultado del proceso de desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006. “La sociedad y el Estado colombiano deben reconocer que, además de las guerrillas, nosotros hacemos parte del conflicto, como el tercer actor que siempre hemos sido. Asimismo mismo, debe existir la conciencia de que mientras no hagamos parte de un proceso de negociación, la paz seguirá siendo una aspiración postergada en el imaginario colectivo”, expuso el grupo.

“Con siete mil hombres en armas con presencia en todo el territorio nacional no podemos ser ignorados”, advirtió la organización. “La negociación política es el camino para la desmovilización de las agrupaciones armadas, y no los sometimientos arbitrarios y mal intencionados”, afirmaron las AGC, por lo que asimismo aspiraron a que la segunda guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se sume al proceso de paz.

En el comunicado, las AGC critican la aplicación del marco jurídico de Justicia y Paz y acusan al ex presidente Alvaro Uribe, promotor de esa iniciativa, de haber roto los acuerdos que se habían pactado, encarcelar y extraditar a EE.UU. a los comandantes de la AUC y desatender las zonas donde ejercieron influencia. “Uribe abandonó también a los combatientes que se habían desmovilizado, quienes ante un futuro incierto por los vacíos de una legislación improvisada y caótica y con el peligro que se cernía sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, nos vimos precisados a continuar la lucha armada”, expresaba el mensaje.

Las AGC justifican su actividad al destacar que persisten las razones que dieron origen a los paramilitares, así como la supuesta persecución de las fuerzas de seguridad del Estado, y aclaran que su lucha es por las clases menos favorecidas y contra la corrupción. Asimismo, desmienten tener relación con el narcotráfico y con los denominados “ejércitos antirrestitución de tierras”, que atentan contra los colombianos que por medio de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras están recibiendo desde 2012 los terrenos que les fueron usurpados en el marco del conflicto.