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El gobierno brasileño entregó ayer al Congreso un pedido de plebiscito para promover una reforma política en respuesta a las protestas callejeras, aunque aumentan los cuestionamientos a la iniciativa presidencial. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y el vicepresidente, Michel Temer, entregaron al Parlamento el pedido de la presidenta Dilma Rousseff, que propone consultar a la población sobre cinco temas.

Los dos principales son nuevas reglas de financiación de campañas electorales y un sistema de votación para elegir diputados que los acerque más a los designios del elector. Rousseff también propuso que los brasileños definan si acaban con el voto secreto en el Parlamento (autorizado actualmente para la destitución de legisladores, entre otras decisiones) y con la elección de suplentes de senador (lo que se presta a irregularidades), así como reglas para las coaliciones electorales de partidos.

La propuesta de un plebiscito fue anunciada por Rousseff la semana pasada, tras multitudinarias manifestaciones callejeras en reclamo de mejores servicios públicos y contra la corrupción. Además del plebiscito para una reforma que acabe con los males de la política, y que sólo puede ser convocado por el Congreso, Rousseff propuso un pacto con gobernadores y alcaldes para mejorar la calidad de la salud, la educación y el transporte públicos.

Las protestas han perdido intensidad en la última semana, tras la iniciativa de Rousseff y de varias medidas adoptadas por el Congreso, por gobernadores y alcaldes, aunque pocos se atreven a descartar que puedan recobrar el aliento del 20 de junio, cuando un millón de personas salieron a las calles en plena Copa Confederaciones. Camioneros bloqueaban ayer carreteras en reclamo de la eliminación de peajes y pidiendo subsidios al combustible diésel.

La propuesta de plebiscito es apoyada por el 68 por ciento de los brasileños, según la encuestadora Datafolha. Pero eso no garantiza su aprobación, y menos en el tiempo record que propone la presidenta, que quiere que el plebiscito y la reforma sean concluidos antes de octubre, plazo legal para que pueda ser aplicado en las elecciones generales del 5 de octubre de 2014. El Tribunal Superior Electoral (TSE) precisa un mínimo de 70 días para organizar un plebiscito, informó ayer una vocera del ente judicial.

Si el Congreso lo convocara inmediatamente, el plebiscito podría ser el 8 de septiembre. La coalición de Rousseff es mayoritaria en el Congreso, pero poco fiel a los designios del gobierno. Y puede serlo menos aún tras la caída en 27 puntos de la popularidad de la mandataria. El derrumbe de popularidad, no obstante, ha afectado también a alcaldes y gobernadores, opositores y aliados.

La reforma política es un viejo reclamo del oficialista Partido de los Trabajadores y el Congreso la debate desde hace dos décadas, sin consenso.

La oposición no apoya el plebiscito y afirma que cabe al Congreso definir el contenido de la reforma y descarta su aplicación en 2014.