Desde Londres

A las peripecias del avión presidencial de Evo Morales y el incierto destino del ex agente de la CIA Edward Snowden, se sumó como una bola de nieve la denuncia de Ecuador de espionaje a su Embajada en Londres, donde se encuentra hace más de un año el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La denuncia, efectuada por el canciller Ricardo Patiño, en Quito, apuntaba a la empresa de seguridad The Surveillance Group, que este jueves negó por completo haber plantado los micrófonos en la embajada. “The Surveillance Group no está y nunca ha estado involucrado en actividades de esta naturaleza. No hemos tenido ninguna notificación oficial de Ecuador al respecto. Nos hemos enterado de todo por la prensa”, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de la firma, Timothy Young.

En una novela de espionaje, este repentino vaso comunicante entre el Edward Snowden anclado en Moscú y ese otro filtrador serial de cables secretos estadounidenses Julian Assange, anclado en Londres, habría parecido un exceso de coincidencias. En la realidad, se está dando con pasmosa naturalidad. El micrófono fue descubierto en la caja de un enchufe de la oficina de la embajadora Ana Alban, hace dos semanas, durante la visita del canciller ecuatoriano a Londres, en un intento de hallar una salida diplomática al caso Assange.

El canciller Patiño explicó que el hallazgo no se hizo público en su momento para que no se lo confundiera con el motivo de la visita y para recabar más información sobre lo sucedido. La visita terminó con un acuerdo con su homólogo británico William Hague para la formación de una comisión de juristas que intentaría resolver el impasse. Quito concedió el asilo al fundador de Wikileaks el año pasado, pero Londres se niega a otorgarle el salvoconducto que necesitaría para ir al aeropuerto sin que lo arresten, ya que la Justicia británica hizo lugar al requerimiento de extradición de Suecia en relación con presuntos delitos sexuales cometidos por Assange.

A este rompedero de cabeza diplomático se le agrega ahora este “micrófonogate”. En su página de Internet, The Surveillance Group se describe como experto en tareas de vigilancia para ayudar a las fuerzas del orden y a las autoridades locales en relación con el comportamiento antisocial, drogas, prostitución o violencia discriminatoria, tecnología digital y casos de fraude. Más allá de las firmes negativas de la compañía, la clave es quién es el cliente o beneficiario final de sus servicios. Dado el status diplomático de la embajada, el dedo acusador apunta directamente al gobierno británico o a alguna de sus unidades.

Las dos agencias de Inteligencia –el MI5 de espionaje interno y el MI6 de espionaje exterior– necesitan autorización de sus superiores políticos, en este caso el Ministerio del Interior, para poner un micrófono en una embajada. Diplomático, el canciller Patiño indicó que podría tratarse de un trabajo hecho por la libre por alguno de los servicios secretos y le solicitó ayuda al gobierno británico para esclarecer el caso.

El miércoles, el secretario de seguridad James Brokenshire minimizó la preocupación que ha habido sobre el grado de supervisión electrónica en el Reino Unido, preocupación que se disparó vertiginosamente con las revelaciones hechas por The Guardian y The Washington Post a principios de junio sobre Edward Snowden y el Programa Prism, de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos para el espionaje de millones de mensajes electrónicos y llamadas telefónicas. “Cualquiera que lea los periódicos pensaría que la peor amenaza a nuestra libertad la crean los que trabajan día y noche para proteger al pueblo de amenazas a la seguridad. Yo sé que eso no es así y la mayoría de la gente también lo sabe”, indicó Brokenshire.

La definición de los enemigos de “nuestra libertad” corre por cuenta del Estado y sus órganos de seguridad. Tomado al pie de la letra y llevado hasta las últimas consecuencias, en caso de que se pruebe una participación gubernamental en el “micrófonogate”, la Embajada de Ecuador sería un peligro para la “libertad” de los británicos. Ecuador no está solo. En las últimas dos semanas, gracias al The Guardian, se supo que la familia de Stephen Lawrence, un adolescente negro asesinado por racistas en los ‘90, estaba bajo vigilancia policial. La familia había cuestionado la investigación hecha por Scotland Yard, que había terminado con un veredicto de “racismo institucional” de una comisión independiente. En otras palabras, se había convertido en un peligro para “la libertad de los británicos”.