La razón de ser de la transmisión de noticias de eventos que suceden en la sociedad a través de diversos medios de difusión es exclusivamente la comunicación. Una sociedad solidaria y democrática no tiene espacio para la utilización de ninguno de esos sucesos en beneficio propio, ya sea de lucro de quien comunica, de la corporación a la que pertenece o por cuestiones de poder o políticas. A mayor gravedad del evento, mayor daño social en su utilización con esos fines. Si hablamos de tragedias personales, como la del abuso sexual o el asesinato de una niña, lo que se pretende no es sólo un mayor rating de audiencia, sino la búsqueda de un efecto social concreto, derivado de la manera perversa en que deliberadamente se elaboró el plan de comunicación del drama. Se sabe de antemano el efecto que va a producir en la comunidad y se apunta a ello. En el caso, una tragedia como la que en las últimas semanas ocupó grandes espacios en los medios, la niña asesinada cuyos restos fueron hallados en un basural, es tal vez el ejemplo más claro de lo que se pretende desarrollar en estas líneas. Cuando el objetivo es el efecto de conmoción social como fin en sí mismo, el homicidio y los datos reales que se conocen del caso pasan a segundo plano. La verdad de los hechos no tiene relevancia porque lo que se desea comunicar no es lo sucedido, sino que, a partir de lo sucedido, se busca generar un estado de shock en la comunidad que fácilmente pueda ser traspolado mediante manipulaciones mediáticas, hoy habituales, a otras situaciones también originariamente reales y que sucedieron en nuestro país, para que su vinculación permita crear el clima buscado por el comunicador o su empleador. En pocas palabras, lo que se busca es que desde el propio mensaje radial, gráfico o televisivo se provoquen reflexiones que asemejen lo sucedido –ampliado con otros casos–, a la imposibilidad de vivir en una sociedad en la que suceden esas cosas. Seguidamente, la reflexión de los comunicadores será acerca de quiénes son los verdaderos y últimos responsables de estas tragedias –no ya los homicidas, que por supuesto pasan a segundo plano–, sino que se busca incriminar al poder político de turno, al que responsabilizan de todos los males que, expuestos con la perversión de diseño que se ha visto en los últimos días, transforman en demonios a todos los funcionarios que integran una gestión de gobierno. Es la misma fórmula de comunicación que se aplica en otros aspectos de coyuntura, como puede ser la economía, en el caso por ejemplo, de los colores del dólar o supuestas conductas irregulares de funcionarios, que aunque no coincidan con la realidad, ninguna importancia tiene. El terror no está dirigido a especialistas en ninguno de los casos. No se trata de influir en abogados o economistas. De lo que se trata es de inducir a la opinión pública no especializada a percibir un caos de seguridad, económico y de otros ámbitos, que confluya en la estigmatización y descalificación de todos aquellos a quienes se quiere atacar. Si bien en primer término la estrategia se dirige contra el gobierno, luego se va a extender a todo aquel espacio político que no resulte afín a los intereses de quienes diseñan y llevan adelante las prácticas de terror comunicacional descriptas. Lo que se busca, en síntesis, es generar un clima en el que parezcan razonables, en el caso de crímenes, propuestas de endurecimiento represivo dirigido a sectores tradicionalmente vulnerables, o de cambios económicos, o legislativos, pero siempre precedidas de la citada descalificación.

Cuando el objetivo de la labor mediática no es más que la manipulación de la información para fines propios, contrapuestos a los de la comunidad, los verdaderos perjudicados no son los gobernantes, sino cada ciudadano y en especial, los más necesitados, que son los que menos les importan a los farsantes de la comunicación.

* Juez federal.