La Justicia brasileña condenó ayer a 25 policías a 624 años de cárcel cada uno, por el asesinato de 52 presos durante la denominada masacre de Carandirú. El episodio se había producido en octubre de 1992 en la cárcel de San Pablo, considerada símbolo de la violación de los derechos humanos y demolida en 2002. A pesar del fallo dado a conocer la madrugada del sábado, los agentes permanecerán en libertad dado que sus abogados anunciaron que apelarán la sentencia.

El juez Rodrigo Tellini de Aguierra Camargo dijo que hubo un inequívoco abuso de poder por parte de los 25 policías militares de San Pablo que fueron encontrados culpables de la masacre ocurrida hace 21 años. El 2 de octubre la Policía Militarizada irrumpió en el presidio ubicado en el norte de la ciudad y mató a 111 presos amotinados que, al parecer, presentaron resistencia a la fuerza pública.

La Justicia resolvió desagregar la causa en cinco grupos de procesados tomando en cuenta las celdas y los pisos del Pabellón 9 de la Casa de Detención de Carandirú, donde actuó cada columna de la ROTA, que es la tropa de élite de la Policía Militarizada.

Las condenas de ayer se suman a las de la primera fase del juicio, celebrada el pasado abril, en la que 23 agentes fueron hallados culpables de 13 asesinatos, con penas de 156 años de reclusión a cada uno. Esas primeras condenas fueron elogiadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el pasado abril instó a que se hiciera justicia después de más de dos décadas de impunidad. En la misma línea, Amnistía Internacional manifestó su convicción de que este proceso signifique el principio del fin de un largo legado de impunidad.

Todavía están pendientes de declarar 27 agentes por su supuesta responsabilidad en 18 asesinatos. “Aún tenemos otros procesos por delante, tenemos una gran confianza en que habrá nuevas condenas y que un día se borrará esta mancha de la Policía Militar de San Pablo”, declaró Eduardo Olavo Canto Neto, poco después de conocida la sentencia. Por su parte, Fernando Pereira, otro integrante de la fiscalía paulista, dijo que los miembros del jurado reafirmaron la percepción que tuvieron otros jurados populares acerca de la efectiva ocurrencia de la masacre.

El jurado respondió un cuestionario con cerca de 7300 preguntas en cerca de cinco horas, con el que se decidió la culpabilidad de cada uno de los 25 policías acusados de disparar a los internos de Carandirú. “La decisión de la Justicia de San Pablo demuestra que el sistema está loco, está fallido y hoy la sociedad fue derrotada y el mundo del crimen ganó”, declaró la defensora de los policías, Ieda Ribeiro.

En tanto, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la impunidad de la cual gozarían los policías involucrados en el crimen gracias a las maniobras dilatorias en la Justicia que posponen su encarcelamiento. Esos grupos recordaron que el fallecido comandante de la invasión, coronel Ubiratan Guimaraes, condenado a 632 años de prisión en 2001, se valió de diversas medidas dilatorias y luego de su condición de diputado para evitar ir preso. Desde 1992, cuando ocurrió el episodio, varios de los policías que participaron en el mismo obtuvieron su ascenso dentro de la policía donde volvieron a delinquir, ya que fueron procesados por nuevos crímenes.

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff se mostró preocupado por el tema de las torturas, por lo que ayer promulgó una ley que autoriza a funcionarios del Poder Judicial y peritos ingresar sorpresivamente para observar las condiciones de vida de los detenidos. “Lamentablemente tenemos que admitir que la tortura no es algo que quedó limitado al período de la dictadura”, dijo la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes.