La empresa alemana Siemens pagó al menos ocho millones de euros en sobornos a dos representantes de la gobernación del estado de San Pablo, Brasil. Los pagos ilegales forman parte de un esquema de corrupción vinculado con licitaciones en el sector de transportes, reveló ayer el diario O Estado de Sao Paulo. Los documentos, que fueron entregados por la Justicia alemana a la brasileña, afirman que el dinero fue entregado a dos consultores, los hermanos Arthur y Sergio Teixeira, cuyas empresas prestaban servicios a la gobernación paulista. El informe sostiene que un representante de la dirección de la división de transportes de Siemens fue contactado en 2001 por los dos consultores, que le pidieron coordinar una reunión en la que participarían también representantes de las empresas Alstom (Francia), CAF (España), Bombardier (Canadá) y Mitsui (Japón). Las sospechas alcanzan de lleno al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora al Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, y que mantiene desde hace más de una década la gobernación de San Pablo, el estado más rico del país.

En el período investigado, el PSDB gobernó el estado a través de José Serra (2007-2010) y Geraldo Alckmin (2001-2006 y 2011 hasta la actualidad). Alckmin sostuvo que, de comprobarse la existencia de los fraudes en las licitaciones, la administración del estado es víctima, ya que el acuerdo se habría producido a espaldas de las autoridades estaduales. La cifra de ocho millones de euros es mencionada en un informe de la Justicia alemana, que en 2010 impuso una pesada multa a Siemens por su participación en actos de corrupción internacional. En la reunión, pactada de antemano, se habría acordado que la empresa alemana se adjudicaría la concesión de reforma de los trenes modelo S3000 de la estatal Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM), mientras que las demás empresas compartirían el contrato para reforma de los trenes S2100.

El pago de los sobornos se habría concretado a través de dos empresas offshore que mantenían ocultos a sus propietarios, Leraway y Gantown, y que habrían ingresado el dinero en Brasil a través de cuentas en Uruguay, agrega el informe al que tuvo acceso el diario. Las denuncias están siendo investigadas actualmente por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, al que Siemens, según la prensa local, entregó documentos que comprobarían sus denuncias sobre los fraudes en las licitaciones, que se habrían realizado al menos entre 2001 y 2008.

La subsidiaria brasileña de Siemens no confirmó las informaciones, alegando que no puede manifestarse en detalle sobre el tenor de cada uno de los informes que fueron publicados. Al mismo tiempo, aseguró que está cooperando con las autoridades y que sólo se manifestará a instancia y con el permiso de éstas.

Las denuncias de fraude en licitaciones para la compra de equipos ferroviarios y en las licitaciones para mantenimiento de líneas de tren y metro fueron reveladas el 14 de julio pasado por Folha de Sao Paulo, pero el nombre de Siemens recién apareció tras filtrarse el documento de la Justicia alemana. Las empresas presuntamente vinculadas con el cartel son las más fuertes candidatas a disputar la licitación que planea abrir este mes el gobierno de Rousseff para construir un tren bala que conecte Río de Janeiro con San Pablo. Sin embargo, las firmas de los hermanos Teixeira fueron mencionadas en la denuncia que miembros del PT realizaron en 2009 al Ministerio Público estadual, desvelando el vínculo entre las consultoras y las empresas offshore en Uruguay.

En total, Siemens pagó 1300 millones de dólares en sobornos en todo el mundo. El caso involucró a más de 300 agentes públicos y 4200 operaciones sospechosas en Argentina, Bangladesh, Brasil, China, Grecia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Malasia, Nigeria, Noruega, Polonia, Rusia y Vietnam. Siemens pagó una multa de 800 millones de dólares en Estados Unidos y otra de 533,6 millones en Alemania por comportamientos al margen de la ley.

En 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y la autoridad de control bursátil (SEC, en inglés) acusaron al ex director de Siemens Uriel Sharef y a otros ocho ex ejecutivos de la empresa por pagar más de 100 millones de dólares en coimas al ex presidente argentino Carlos Menem, al también ex mandatario Fernando de la Rúa y a ministros de sus gabinetes a cambio de asegurarse el llamado proyecto DNI, para la fabricación de los documentos de identidad y la informatización de los controles de frontera. Según la acusación, Sharef se reunió en diciembre de 2000 con los intermediarios para acordar el pago de 50 millones de dólares en coimas, incluyendo 16 millones para Menem. Los pagos se negociaron también en reuniones realizadas en Nueva York y Washington. Algunos se pagaron al contado y otros a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Uruguay y Dubai.