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Al fin apareció la “pistola humeante” pero –vaya problema–, no es iraquí sino saudita. Dos espías sauditas vinculados con los servicios de inteligencia de Arabia Saudita eran contactos en Estados Unidos con dos de los 19 kamikazes que participaron de los atentados del 11 de septiembre de 2001, según un informe del Congreso estadounidense. El Congreso sostiene también que Al Qaida recibió cientos de millones de dólares provenientes de financiamiento del gobierno saudita, a través de organizaciones de beneficencia islámicas. Los datos están documentados en 28 páginas censuradas por la administración Bush que forman parte de un informe de 900 carillas en las que una comisión investigadora del Congreso estadounidense sintetizó todos los datos que se pudieron reunir relacionados con el atentado.
Aunque decenas de legisladores leyeron el informe, el presidente George W. Bush subrayó que la Casa Blanca mantendrá el secreto impuesto sobre las páginas del documento por motivos de seguridad nacional, si bien ayer trascendió a la prensa. “Hay investigaciones que están en curso y no queremos de ninguna manera comprometerlas”, dijo el mandatario. Pero la verdadera razón parece ser la embarazosa proximidad de una administración repleta de peces gordos de la industria del petróleo con la Casa de Saud. Mientras tanto, y al tiempo que Bush –amigo personal, junto a su esposa Laura, del embajador saudita en Washington, príncipe Bandar Al Faisal– trata de sobrellevar el informe ante sus aliados sauditas, Estados Unidos continúa explorando la posibilidad de una negociación con Irán, un país componente del bautizado “Eje del mal”. Contactos secretos están en curso en Washington y Teherán para buscar obtener la extradición a Estados Unidos de supuestos integrantes de Al Qaida recientemente arrestados en Irán, entre ellos el número tres de la organización, Saif Al Adel. Pero Irán reclama en contrapartida la entrega de opositores exiliados.