Mary Aileen Diez Bacalso lamenta que tras la caída de Ferdinand Marcos, en 1986, las desapariciones forzadas en su país estén lejos de terminar. Invitada a la Argentina para recibir el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone, la dirigente filipina dialogó con Página/12 sobre su historia personal, que la llevó a dedicar su vida al problema de la desaparición forzada de personas en varios países de Asia. Diez Bacalso se refirió a la falta de voluntad en Filipinas para investigar estos crímenes de lesa humanidad y comparó la situación con lo ocurrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. “En Argentina hubo una gran mayoría de personas desaparecidas que pertenecían a la clase media. En Filipinas y otras partes de Asia provenían de los sectores más pobres, por lo que las familias de las víctimas no tenían acceso a las Naciones Unidas, a las cortes, a la documentación necesaria. Envidio todo el proceso que se dio en Argentina una vez terminada la dictadura. Ustedes tuvieron juicios, una Comisión de la Verdad, familiares de víctimas combativos y reconocidos tanto en el país como en el exterior”, sostuvo la secretaria general de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas.

–¿Por qué decidió involucrarse en el tema de la desaparición forzada de personas?

–Fui invitada por familiares de víctimas de desapariciones forzadas en 1992 para coordinar una organización, tiempo después de que mi marido fuera desaparecido y reaparecido. Creo que era una buena forma de expresar mi gratitud luego de lo que nos ocurrió. Porque se trató de un caso muy raro. La mayoría de los que desaparecen aún continúan desaparecidos. Trabajar en esto es una forma de contribuir a que estos casos no se repitan.

–¿En qué contexto había desaparecido su marido?

–Su desaparición ocurrió en 1988, durante el gobierno de la entonces presidenta Corazón Aquino. El era considerado miembro del Frente Democrático Nacional, compuesto por organizaciones y movimientos muy variados, donde estaba incluido el Partido Comunista. Fue secuestrado en una calle de Cebú, enfrente de muchas personas. Me di cuenta de que había desaparecido a la noche, cuando no regresó. Sospechaba que esto podía ocurrir porque en ese momento estábamos ligados al movimiento estudiantil y había muchos casos como éste en Manila. Al día siguiente fui a una organización local de derechos humanos, Task Force Detainees of the Philippines, y conté lo que había pasado. Yo sabía que mi marido iba a tener una reunión y fuimos con esta organización hasta el lugar. Llevamos una foto y los testigos nos dijeron que habían visto cómo siete hombres armados lo subieron a un auto rojo sin patente y gritaban que era un ladrón. Esa fue la acusación, como si por tratarse de ser un delincuente eso hubiese estado bien.

–¿Cómo se produjo la liberación?

–Mi marido fue forzado a firmar una declaración jurada en el centro de detención secreto donde estaba encerrado asegurando que era miembro del Partido Comunista y que participaba de operaciones clandestinas. Primero estuvo en un campo militar y luego fue aislado junto a otro preso, que logró escapar y por eso nos enteramos dónde estaba mi marido. No lo conocí, pero nos hizo llegar una breve nota. Los militares sabían que a su vez nosotros sabíamos dónde estaba. Más tarde, un militar me llamó y me dijo que iban a liberarlo, pero con la condición de que abandonara su compromiso con los derechos humanos. Era claramente una amenaza. Al día siguiente llamé al jefe de comandos, que era nuestro padrino de casamiento. Nosotros nos habíamos casado dos meses antes de su desaparición. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo que seguramente había sido secuestrado por militares de otra jurisdicción. Estaba segura de que él sabía y, de hecho, me ayudó porque era amigo de la familia. Pero creo que el factor principal para su liberación es que la otra persona secuestrada haya podido escapar.

–¿No es llamativo que la desaparición se haya producido bajo un gobierno democrático como el de Aquino?

–Sí, pero en esa época, por 1987, las conversaciones de paz entre el gobierno y el Partido Comunista habían fracasado luego de que 21 campesinos que marchaban al palacio presidencial pidiendo una reforma agraria fueran masacrados por marines. La presidenta Aquino fue forzada a declararle la guerra a la insurgencia. Durante su gobierno hubo siete intentos de golpe de Estado. Esa declaración tuvo un impacto enorme en los movimientos sociales, porque cualquiera podía ser acusado de insurgente. Eso provocó la violación de derechos humanos. Si miramos las estadísticas, hay más casos documentados en la época de Aquino que en la de Marcos. La diferencia es enorme si comparamos un período corto con los 21 años que estuvo Marcos en el poder. Eso es alarmante. Aunque hay que tener en cuenta que en democracia había más espacios para discutir el tema, más ONG, más información, ya no existía la ley marcial. En los seis años de Aquino se registraron cientos de casos de personas desaparecidas, demasiado para un gobierno que se consideraba democrático.

–¿Los responsables militares y políticos de desapariciones forzadas han sido juzgados?

–A diferencia de lo que ocurre en Argentina, no tenemos un número significativo de personas juzgadas. Durante la época de Marcos, la gente tenía miedo. Tampoco podíamos pedir un sistema judicial independiente en ese momento. Una vez caído el régimen de Marcos, y con la llegada de Aquino, creíamos que era hora de tener una comisión de la verdad. Pero nunca existió. Si bien se creó una Comisión de Derechos Humanos, no es realmente independiente, porque el presidente es un miembro del gobierno de turno.

Entrevista: Patricio Porta.