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Por Juan Arias *
Desde Río de Janeiro

A pesar de la victoria política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al conseguir más de 60 votos de la oposición para aprobar en primera vuelta del Parlamento la importante reforma de la Seguridad Social, al final, también los jueces y magistrados, que habían amenazado con recurrir judicialmente si el gobierno no tenía en cuenta sus reivindicaciones, acabaron obteniendo una victoria. A las 4 de la madrugada del miércoles, con los diputados en su segunda noche insomne y agotados, el gobierno, para conseguir la aprobación de otros puntos que consideraba importantes, cedió a las presiones de la oposición que defendía los privilegios de los jueces.
En realidad, se trataba más bien de una cuestión más simbólica que otra cosa, casi de honor. En el proyecto de reforma, para acabar con el caos de los sueldos del Poder Judicial, que a lo largo de los años habían ido acumulando privilegios considerados por la misma opinión pública como tremendamente injustos, figuraba que dentro de la categoría, ningún juez ni magistrado estatal pudiera ganar más del 75 por ciento del sueldo oficial de un miembro del Supremo Tribunal Federal, que es de 17.170 reales (unos 5600 dólares), ni jubilarse con una cantidad mayor. Los jueces advirtieron que no aceptarían menos del 90,25 por ciento. Lula les dijo que el gobierno había llegado al límite de su oferta. Los jueces amenazaron con la primera huelga de la categoría en Brasil. Y, contra el deseo personal del presidente, el gobierno subió el techo hasta el 85 por ciento. Los jueces continuaron en las suyas y consiguieron movilizar a la oposición. “Defenderemos a la categoría –habían dicho los jueces– con o sin la comprensión de la opinión pública.”
Al final, el gobierno cedió. Y ayer, Lula quiso hacer saber que esa no era su propuesta, añadiendo que la política es el arte del consenso y que él no tenía que acatar el veredicto de la votación del Parlamento. En realidad, la polémica había comenzado cuando semanas atrás, en una frase infeliz, que fue al mismo tiempo instrumentalizada por la oposición, Lula había dicho que “nadie, sólo Dios, ni la lluvia, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial” podían impedir la aprobación de la reforma de la Seguridad Social. A partir de entonces, Lula fue más prudente, también ante el temor de que la venganza del Poder Judicial pudiera acabar impugnando todo el proyecto de reforma como inconstitucional.
Por otra parte, los consejeros de Lula le han pedido que se centre en resolver el problema de las reivindicaciones sociales de los más desproveídos, como los Sin Tierra y los Sin Techo y los millones de ciudadanos que aún pasan hambre. Para Lula el gran problema es que esos movimientos a los que un día defendió y estimuló incluso en las ocupaciones de tierras y fábricas, hoy intentan recrudecer sus luchas. Lula sigue diciendo que nadie puede pedirle que incrimine a dichos movimientos sociales, como querría la derecha, pero al mismo tiempo les está mandando mensajes para que no le hagan las cosas más difíciles.
Ayer, la Policía Militar desalojó, con el consentimiento del gobierno, a los 6000 integrantes del movimiento Sin Techo que habían ocupado los terrenos de la Volkswagen el 18 de julio en San Bernardo del Campo, en el estado de San Pablo. A pesar de que en un primer momento los Sin Techo habían anunciado que pondrían resistencia al desalojo forzado, al final, ante el despliegue de 50 coches de la policía, 500 agentes armados y 30 perros policías, acabaron rindiéndose y aceptaron acampar en un lugar cedido por la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, existe la duda de que el grupo de funcionarios públicos que durante la marcha de protesta en Brasilia la tarde del miércoles intentaron asaltar la sede del Parlamento, con un balance de 54 ventanales quebrados y un total de nueve heridos, entre manifestantes y policías, haya podido ser obra de un grupo deextremistas infiltrados, no se sabe por quién, dentro de una manifestación que hasta entonces había sido pacífica.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.