El gobierno panameño analiza la posibilidad de hacerse cargo en los próximos quince días de las obras de ampliación del canal de Panamá, paralizadas por una controversia sobre los costos con el consorcio adjudicatario de los trabajos.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) “contempla la reanudación de las obras dentro de un máximo de 15 días”, aseguró a los periodistas acreditados una fuente que participó en la negociación por parte de esa entidad gubernamental con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio internacional adjudicatario de los trabajos de la ampliación de la vía, paralizados definitivamente esta semana por falta de fondos.

La ACP y el GUPC se levantaron esta semana de la mesa de negociación, en la que también participaba la firma aseguradora de la concesión de las obras, Zurich, y en las últimas horas intercambiaron sendas propuestas en las que fijan sus respectivas posiciones finales.

El primer objetivo de la ACP es “dejar claro ante la aseguradora Zurich que no se opone a un acuerdo, pero únicamente si se atiene a lo establecido en el contrato” de adjudicación, señaló la misma fuente, que pidió mantener su anonimato. “El GUPC, además, no va a poder aceptar las condiciones de la ACP en cuanto al aplazamiento del repago de unos 800 millones de dólares, que están asegurados mediante cartas de crédito bancarias”, agregó.

Además, la fuente aseguró que el único plan que la ACP contempla, además de que el GUPC cumpla con el contrato, es asumir por su cuenta las obras y reveló que la empresa estadounidense Bechtel se ofreció a terminar la ampliación del canal, pero su oferta fue rechazada sin tener en cuenta siquiera las condiciones económicas.

El grupo constructor GUPC, formado por la empresa española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA), comunicó el viernes su voluntad de llegar a un acuerdo con las autoridades panameñas, a las que responsabilizó de romper las conversaciones por “la falta de un protocolo de negociación” y aprovechó para establecer su posición en este conflicto. Pocas horas más tarde, la ACP contestó con otro escrito, también a través de los medios de comunicación, en el que anunciaba que había enviado al GUPC “una contrapropuesta que permite viabilizar la continuación del proyecto”.

En paralelo al intercambio de comunicados, el gobierno de Estados Unidos, principal usuario del canal, instó a las partes a llegar a una rápida resolución de la disputa. “Estados Unidos es el mayor usuario del canal de Panamá y la conclusión de su ampliación es importante para nuestra actividad comercial”, advirtió Washington. Estados Unidos cedió en su totalidad la administración del canal a Panamá en 1999 con una cláusula en la que se arrogaba el derecho a intervenir en caso de que el funcionamiento de la vía fuera amenazado o estuviera en peligro.

El conflicto se desencadenó en diciembre pasado, cuando el GUPC reclamó 1600 millones de dólares de sobrecostos al precio con el que en 2009 ganó la licitación para hacer la obra de ampliación del canal, de 3118 millones de dólares, el más bajo entre los entonces competidores.

La conclusión de las obras está asegurada por una cantidad máxima de 600 millones de dólares con la firma Zurich, que sólo está dispuesta a desembolsar esa cantidad de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de adjudicación. El reclamo desembocó en una mesa de negociación, que se rompió esta semana, con la consiguiente paralización total de las obras, concluidas en alrededor de un 70 por ciento, inactividad que afectó a unos 10 mil trabajadores, cuyos salarios fueron garantizados por el gobierno panameño.